–En la conmemoración del Día Mundial de la Erradicación de la Pobreza Extrema y el Hambre, la Defensoría del Pueblo reconoce la pobreza como un problema de derechos humanos que no puede analizarse únicamente desde los ingresos o la capacidad de consumo. Su superación exige garantizar condiciones de vida digna, el mínimo vital, el derecho a una alimentación adecuada y el acceso efectivo a los derechos económicos, sociales y culturales, subraya.

La Defensoría afirma que aunque Colombia registra avances en la reducción de la pobreza, persisten brechas estructurales que afectan de manera desproporcionada a las mujeres, las comunidades campesinas y los Pueblos Étnicos, los hogares que dependen de la economía popular y otros grupos en situación de vulnerabilidad. La entidad advierte sobre el riesgo de retrocesos en la garantía de derechos si no se adoptan respuestas sostenidas y diferenciadas.
Evolución de la pobreza en Colombia

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), la pobreza monetaria pasó del 43,1 % en 2020 al 28 % en 2025, su nivel más bajo desde que existen registros comparables, iniciados en 2012. Entre 2023 y 2025, más de tres millones de personas salieron de la pobreza y alrededor de 1,4 millones dejaron la pobreza extrema.

Entre 2022 y 2025, la pobreza monetaria extrema disminuyó del 13,8 % al 9,6 %, mientras que el coeficiente de Gini —indicador de desigualdad— pasó de 0,556 a 0,531. Para la Defensoría del Pueblo, estos resultados deben complementarse con una evaluación de las condiciones reales para ejercer los derechos y alcanzar una vida digna.

En 2025 la línea de pobreza monetaria fue de $482.041 mensuales por persona. Esto significa que un hogar compuesto por cuatro personas, con ingresos mensuales inferiores a $1.928.164, se encontraba en pobreza monetaria. Por su parte, la línea de pobreza extrema fue de $236.580 mensuales por persona, equivalente a un ingreso diario promedio inferior a $7.886.

De acuerdo con cifras del Banco Mundial de julio de 2026, Colombia se clasifica como un país de ingreso medio-alto y es una de las principales economías de América Latina, con un crecimiento promedio anual del PIB del 3,1% entre 2022 y 2025.

En 2025, la pobreza afectó al 32,3 % de los hogares con jefatura femenina, frente al 24,5 % de aquellos con jefatura masculina, lo que evidencia brechas de género que requieren empleo digno, igualdad salarial y reconocimiento del trabajo de cuidado.

También fue mayor en zonas rurales (39,5 %) que en cabeceras municipales (24,6 %). Quibdó registró el índice más alto (61,7 %), seguido de Riohacha (45,4 %) y Sincelejo (43,3 %).

La pobreza monetaria aumenta según el número de niños menores de 12 años en el hogar: afecta al 16,5 % de los hogares sin niños, al 31,8 % de aquellos con uno, al 47,9 % con dos y al 73,3 % con tres o más. Estas cifras evidencian brechas de inequidad y la necesidad de priorizar a estos hogares en las estrategias para superar la pobreza y la marginalidad social.

La prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave disminuyó del 25,5 % en 2024 al 21,1 % en 2025. Aun así, persisten diferencias importantes: los hogares con jefatura femenina registraron una prevalencia del 23,1 %, frente al 19,4 % en los hogares con jefatura masculina.

La inseguridad alimentaria también fue más frecuente en hogares encabezados por personas sin ningún nivel educativo (45,7 %) que en aquellos cuyo jefe o jefa tenía educación superior (9,1 %). Estas cifras muestran que la garantía del derecho a la alimentación requiere respuestas articuladas con las políticas de empleo, educación, protección social y desarrollo rural.

Las ciudades con mayores índices de pobreza monetaria fueron Quibdó (61,7%), Riohacha (45,4%), Sincelejo (43,3%), Valledupar (40,2%), Florencia (37,1%), y Popayán (36,7%). Salvo Quibdó, donde la pobreza aumentó del 59,6% al 61,7%, las demás ciudades registraron disminuciones en sus índices.

Las ciudades con menores índices de pobreza fueron Cali (19,7%), Bogotá (17,8%), Medellín (16,7%) y Manizales (13,2%). En cuanto a pobreza extrema las ciudades con los mayores índices fueron Quibdó (32,5%), Riohacha (23,3%), Florencia (11,7%), Popayán (11,3%) y Sincelejo (10,4); mientras que las ciudades con menor índice fueron Pereira (4,5%), Bogotá (3,6%), Medellín (3.1%) y Manizales (2,5%).

Recomendaciones para superar las brechas

Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo recomienda a las instituciones del Estado adoptar las siguientes medidas:

-Fortalecer las políticas de empleo y emprendimiento femenino, con especial atención en las zonas rurales y en los Pueblos Étnicos.
-Avanzar en la reducción de la brecha salarial de género y en la formalización laboral de las mujeres.
Reconocer y redistribuir el trabajo de cuidado no remunerado, mediante políticas de corresponsabilidad social y familiar.
-Ampliar el acceso a la educación superior y a la formación técnica para mujeres jóvenes, como vía para romper los ciclos de pobreza intergeneracional.
-Diseñar programas con enfoque interseccional, que atiendan las realidades específicas de mujeres campesinas, indígenas, afrodescendientes y víctimas del conflicto armado.

Al DANE la entidad le recomienda avanzar en la definición de la metodología de medición de la desigualdad en torno a la tierra, la propiedad inmueble, la tenencia de activos financieros y la riqueza en el país, como quedó consignado en el Plan de Desarrollo Nacional 2022-2026.

El Registro Universal de Ingresos -RUI-, representa un avance técnico para mejorar la focalización de los programas sociales del Estado, sin embargo, su implementación no debe representar regresividad en la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales de personas en especial condición de vulnerabilidad social.