El abogado Juan Carlos Villamizar, testigo presencial de los hechos, reveló los escandalosos detalles de una supuesta exigencia del anterior Gobierno nacional a exjefes paramilitares para que declararan en contra del actual presidente Abelardo De la Espriella, el expresidente Álvaro Uribe y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Según las declaraciones, la presunta solicitud se dio durante una cumbre realizada en la ciudad de Valledupar bajo la justificación de reactivar el proceso de paz, con el supuesto propósito de utilizar los testimonios como estrategia de desprestigio en la entonces antesala de la campaña presidencial.

Durante el polémico encuentro, que había sido convocado oficialmente para avanzar en asuntos jurídicos y logísticos pendientes del proceso de desmovilización de Ralito, los emisarios gubernamentales habrían presionado a los excomandantes para hacer públicas las supuestas verdades que conocieran sobre los dirigentes políticos. Sin embargo, los antiguos líderes del grupo armado, entre los que figuran Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar, alias ‘Jorge 40’, se negaron rotundamente a prestarse para el presunto complot electoral, frustrando así cualquier acuerdo y dando por concluido el diálogo.

Las polémicas peticiones habrían sido expuestas por la entonces funcionaria Angie Rodríguez y el exasesor Víctor de Currea Lugo, quienes, según el relato del testigo, afirmaban llevar instrucciones directas del expresidente Gustavo Petro. Ante la magnitud de la controversia, el exmandatario se pronunció para negar tajantemente haber ordenado presiones contra sus opositores políticos, indicando que nadie puede ser condenado porque un tercero asegure actuar en su nombre, y pidió a la justicia investigar a quienes habrían intentado utilizar un espacio de paz para fabricar acusaciones.

En medio del revuelo mediático, el abogado Villamizar también aprovechó para desmentir las informaciones recientes que intentaban vincular a otras personas en las presuntas extorsiones testimoniales. El jurista aclaró que exmandos como Saúl Severini o Darío Laíno Scopetta jamás participaron de las reuniones en la capital del Cesar, precisando que la mesa estuvo conformada exclusivamente por 16 antiguos miembros del Estado Mayor de las AUC que operaron como compromisarios desde los inicios de los acuerdos.

Este testimonio directo confirma las especulaciones que venían rondando en los últimos días y enciende un fuerte debate en las distintas esferas del país. Diferentes sectores políticos ya han levantado su voz para exigir que las autoridades competentes investiguen a fondo las actas y grabaciones de aquel entonces, buscando esclarecer si efectivamente existió un intento de instrumentalizar las mesas de reconciliación para ejecutar una presunta persecución judicial contra los hoy máximos líderes nacionales.