Una joven, identificada como Deicy Jiménez, señaló públicamente al expresidente Gustavo Petro de presuntamente haberle pagado servicios sexuales mediante el otorgamiento de contratos estatales en Colombia. Las explosivas declaraciones se dieron a conocer este domingo, luego de que la mujer decidiera romper el silencio ante los medios de comunicación argumentando estar cansada del supuesto abuso de poder y de la presunta manipulación hacia mujeres jóvenes en situación de vulnerabilidad durante la pasada administración.

Durante una extensa entrevista, la denunciante entregó presuntas evidencias, incluyendo capturas de pantalla de chats, y aseguró que su vínculo con el exmandatario habría comenzado en el año 2019 a través de una plataforma digital. Según su testimonio, el supuesto modus operandi no consistía en entregar dinero en efectivo proveniente del bolsillo del líder político, sino en compensar los presuntos favores íntimos con puestos y contratos en diferentes entidades públicas. Jiménez afirmó haber estado vinculada laboralmente con dependencias del Estado durante cinco años bajo esta supuesta modalidad.

El relato de la joven va más allá de los supuestos encuentros íntimos, ya que también hizo graves acusaciones sobre el presunto consumo y transporte de drogas. De acuerdo con las declaraciones entregadas a la prensa, existiría una supuesta red conformada por decenas de mujeres que habrían sido instrumentalizadas de la misma forma para asistir a presuntas reuniones y fiestas en ciudades como Bogotá y Cali. La denunciante aseveró que decidió hablar a pesar del temor, asegurando que algunas mujeres de la supuesta red habrían recibido amenazas de muerte para mantener la confidencialidad.

Ante la gravedad del escándalo mediático y político, las actuales autoridades tomaron medidas inmediatas. El Gobierno Nacional, por medio del ministro de Justicia, Iván Cancino, confirmó que se activó una ruta institucional en estricta articulación con la Unidad Nacional de Protección (UNP). Este protocolo tiene como objetivo principal brindar un esquema de seguridad y salvaguardar la vida e integridad de la mujer tras sus delicadas revelaciones públicas.

Cabe resaltar que, en días pasados, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) ya había encendido las alarmas sobre este tema, advirtiendo sobre la existencia de un grueso número de mujeres que presuntamente habrían sido instrumentalizadas a través de órdenes de prestación de servicios (OPS) en la Casa de Nariño. Estas alertas previas han impulsado la recopilación de informes para ser presentados ante las autoridades competentes.

Por su parte, desde el entorno de la defensa del exmandatario se habrían calificado estas acusaciones como falsas y carentes de fundamento. En este sentido, y respetando el marco jurídico colombiano, es imperativo recordar que prevalece el principio de la presunción de inocencia. Serán las entidades competentes, como la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Investigación y Acusación, las únicas encargadas de adelantar las pesquisas necesarias, verificar los presuntos contratos y determinar, mediante una sentencia judicial en firme, si existe algún tipo de responsabilidad penal o disciplinaria.