La Cámara de Representantes subsanó este miércoles el trámite legislativo de la reforma pensional impulsada por el gobierno de Gustavo Petro en el Capitolio Nacional de Bogotá, con el objetivo de corregir los presuntos vicios de procedimiento señalados previamente por la Corte Constitucional. En medio de la plenaria, las mayorías parlamentarias decidieron negar todas las proposiciones presentadas, lo que permite que el proyecto avance y se corrija legalmente sin sufrir ninguna modificación en su texto original.

Esta decisión legislativa se llevó a cabo en una verdadera carrera contrarreloj, dado que el Congreso tenía como fecha límite el próximo 30 de octubre para cumplir con las exigencias del alto tribunal. Apenas unos días antes, la mesa directiva de la corporación había solicitado formalmente una ampliación excepcional de 30 días para poder evacuar el debate, argumentando una fuerte congestión en la agenda por la discusión del presupuesto general, pero finalmente lograron cumplir dentro de los términos jurídicos iniciales.

Durante el acalorado debate, legisladores de distintas orillas políticas intentaron revivir la discusión sobre varios artículos específicos que componen la ley, incluyendo el beneficio de semanas cotizadas para las mujeres con hijos. Sin embargo, las coaliciones cercanas a la Casa de Nariño lograron los votos necesarios para hundir todas las iniciativas de cambio, garantizando de este modo que el diseño estructural y técnico de la nueva normativa se mantenga blindado.

Este desenlace representa un respiro político de gran magnitud para la administración actual, que había visto en suspenso uno de sus proyectos bandera luego de que se pausaran temporalmente las deliberaciones en el legislativo. Frente a este panorama, algunos sectores de la oposición manifestaron su inconformismo e, incluso, el Centro Democrático radicó paralelamente una contrarreforma, argumentando que el modelo avalado podría generar un impacto fiscal insostenible para el país en las próximas décadas.

Con el procedimiento legislativo ya corregido y el articulado intacto, la atención vuelve a centrarse en la Corte Constitucional, entidad que deberá evaluar si el Congreso cumplió a cabalidad con la orden de subsanación dictada en la Sentencia C-264 de 2026. En caso de recibir el visto bueno definitivo, la ley continuará su camino hacia la etapa de implementación.

El gobierno nacional ha reiterado que este nuevo esquema es un pilar fundamental para garantizar ingresos básicos a los adultos mayores en condición de vulnerabilidad. Ahora, el desafío pasará del escenario político al ámbito operativo, donde instituciones como Colpensiones y los fondos privados deberán trabajar a toda marcha para integrar sus sistemas antes de abril de 2027, fecha proyectada para la entrada en vigor del nuevo modelo de protección a la vejez.