El secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, César Restrepo, aclaró que la asistencia militar en las calles de la capital únicamente se implementará si las capacidades operativas de la Policía Metropolitana llegan a ser desbordadas por la criminalidad. Este anuncio, realizado en declaraciones a la opinión pública este jueves, responde directamente a las crecientes presiones de diversos sectores políticos que exigen el despliegue urgente del Ejército en los barrios más críticos para intentar frenar la ola de inseguridad y violencia.

El alto funcionario precisó que plantear la llegada de las fuerzas castrenses al entorno urbano como una novedad absoluta representa un desconocimiento de la estrategia que ya maneja el Distrito. Según la Secretaría de Seguridad, el Ejército Nacional ya se encuentra realizando labores de control y patrullaje de forma permanente en las zonas rurales de Usme y Sumapaz; allí cumplen el objetivo estratégico de bloquear presuntos corredores de movilidad que, en el pasado, utilizaron organizaciones armadas ilegales para conectar a la capital con los departamentos de Meta y Huila.

El intenso debate político sobre esta medida de fuerza se agudizó tras las recientes solicitudes formales radicadas por legisladores y cabildantes, como el representante José Jaime Uscátegui y el concejal Julián Uscátegui. Estos políticos han insistido ante el Gobierno Nacional en la necesidad de intervenir con tropas militares las localidades de Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar, argumentando que las supuestas redes multicrimen requieren una respuesta estatal mucho más contundente, una propuesta que han respaldado con la recolección de miles de firmas ciudadanas para convocar un cabildo abierto.

Frente a la insistencia de estos sectores, la administración distrital ha reiterado que su verdadera prioridad es el fortalecimiento del pie de fuerza policial, en lugar de trasladar las competencias del control urbano al Ejército. Las autoridades locales advierten que la ciudad padece un déficit estructural histórico que ronda los 8.000 uniformados de Policía, una carencia que limita de manera drástica los tiempos de respuesta, las labores de patrullaje por cuadrantes y el avance en las investigaciones contra los presuntos delincuentes.

Desde la perspectiva jurídica, el despliegue del Ejército en zonas urbanas para labores de seguridad ciudadana está regido por la figura legal de la asistencia militar, la cual está diseñada de forma estricta como un mecanismo de carácter temporal y completamente excepcional. Por ahora, el Distrito sostiene que la estrategia más efectiva para devolver la tranquilidad a los ciudadanos seguirá siendo el trabajo articulado entre la Policía y la Fiscalía para lograr la judicialización efectiva, apoyándose en las Fuerzas Militares solo en sus roles de control perimetral y rural.