La Sala Plena de la Corte Constitucional se declaró inhibida este lunes en Bogotá para pronunciarse sobre el choque de competencias entre la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, debido a que el alto tribunal consideró que no existían los elementos procesales suficientes para resolver a cuál entidad le corresponde investigar al expresidente Álvaro Uribe Vélez por supuestos vínculos con el paramilitarismo.

La decisión quedó formalizada mediante el Auto 1539 de 2026 con una mayoría de 7 votos contra 2 en la Sala Plena. La ponencia de la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera determinó que la solicitud no cumplía con los presupuestos técnicos requeridos para que la Corte entrara a dirimir la jurisdicción, por lo que el expediente penal se mantendrá bajo el dominio de la Fiscalía.

El choque institucional surgió a raíz de la disputa sobre el fuero aplicable a los hechos investigados. Mientras que un sector del Congreso reclamaba la investigación argumentando que algunas de las conductas atribuidas habrían ocurrido o extendido su efecto durante su mandato presidencial, la Fiscalía ha sostenido que las actuaciones corresponden a su etapa como gobernador de Antioquia, época en la que no gozaba del fuero constitucional especial de jefe de Estado.

Durante el trámite ante la Corte, la controversia judicial no buscó evaluar la responsabilidad penal ni calificar las pruebas existentes, sino determinar la autoridad legítima para garantizar el debido proceso. En el expediente también intervinieron representantes de las víctimas e integrantes del Congreso, quienes solicitaron preservar las garantías procesales y evitar eventuales nulidades en las actuaciones judiciales.

Con la inhibición del máximo tribunal constitucional, la investigación por presunto concierto para delinquir continuará su curso regular en el ente acusador. La Fiscalía deberá definir los siguientes pasos procesales en las diligencias fijadas dentro del marco de la indagación sobre el exmandatario.