–Crímenes de guerra y de lesa humanidad imputó la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, a once antiguos integrantes de la Armada Nacional y de la Policía Nacional, en calidad de máximos responsables, por su participación en 32 masacres, en las que fueron asesinadas 284 personas, y otras conductas criminales contra la población civil de los Montes de María, región del Caribe localizada entre los departamentos de Bolívar y Sucre. Estas masacres se cometieron en el marco de un alineamiento estratégico de miembros de la fuerza pública con estructuras paramilitares y otros actores regionales, advirtió la JEP.

Concretamente, la sala atribuyó responsabilidad individual a nueve miembros de la Armada Nacional y dos de la Policía Nacional, luego de examinar sus posiciones de mando, competencias, deberes, conocimiento de los riesgos, capacidades de actuación y las acciones u omisiones concretas relacionadas con los hechos investigados.

Los procesados de la Armada Nacional son: Rodrigo Quiñones Cárdenas, Hernando Alfonso Jama Arjona, Ricardo Díaz Granados Mantilla, Benjamín Herrera Niño, Harold Afranio Mantilla Serrano, Camilo Martínez Moreno, Jairo Alfredo Prada Jaimes, Bautista Cárcamo Galé y Ramón Gerardo Moncayo Trujillo.

Por la Policía Nacional fueron llamados a reconocimiento Norman León Arango Franco y Paulo César Cruz Delgadillo.

La decisión de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad se enmarca en el Subcaso Montes de María y municipios cercanos del Caso 08. La investigación, que priorizó hechos ocurridos entre 1999 y 2001, estableció que la violencia se dirigió especialmente contra comunidades campesinas estigmatizadas como supuestas colaboradoras de las organizaciones insurgentes, y produjo terror colectivo, desplazamientos masivos y vaciamiento territorial.

La sala determinó que las masacres y las conductas criminales asociadas no fueron hechos aislados, sino que hicieron parte de un patrón de violencia contra la población civil. Este se desarrolló mediante un entramado de relaciones entre estructuras paramilitares, determinados integrantes de la fuerza pública y otros actores regionales.

El alineamiento estratégico se manifestó a través de acuerdos, prácticas de coordinación, distribución de funciones, intercambio de información, facilitación de desplazamientos, omisiones deliberadas, tolerancia operacional y actuaciones dirigidas a favorecer, ejecutar, sostener u ocultar los crímenes. Para su configuración no fue necesaria la existencia de una organización única, un mando común o relaciones permanentes de subordinación entre sus integrantes.

La decisión de la sala es resultado de un ejercicio de contrastación de información que incluyó informes presentados ante la JEP, versiones voluntarias de los comparecientes, observaciones de las víctimas, declaraciones recibidas por la sala, actuaciones de la justicia ordinaria, la Justicia Penal Militar y Justicia y Paz, así como información oficial del Ministerio de Defensa y de otras autoridades.

La investigación permitió establecer que la población campesina fue señalada reiteradamente como colaboradora real o potencial de las extintas Farc-EP. Esta estigmatización convirtió sus liderazgos, vínculos familiares, actividades productivas y formas de organización comunitaria en criterios de sospecha y selección de las víctimas.

La violencia no se limitó a los homicidios. La sala determinó que también se cometieron desapariciones forzadas, torturas, amenazas, restricciones graves de la libertad, violencias sexuales y reproductivas y desplazamientos forzados, entre otras conductas que destruyeron las condiciones materiales y comunitarias de existencia.

Estos crímenes produjeron terror colectivo, expulsaron a las comunidades y afectaron las condiciones necesarias para su permanencia y continuidad en el territorio. Además, la sala identificó daños morales, a la integridad física, emocional y psíquica, así como daños políticos, socioculturales, al proyecto de vida, a las economías campesinas y daños territoriales, ecosistémicos y bioculturales.

Las afectaciones recayeron de manera diferenciada sobre el campesinado, las mujeres, las niñas, los niños y adolescentes, los pueblos étnicos, las comunidades racializadas y las personas LGBTQ+, así como sobre Montes de María y el Canal del Dique, acreditados previamente por la JEP como territorios víctimas y sujetos de derechos.

Frente a las violencias basadas en género, la sala determinó que no fueron marginales ni accesorias. Las agresiones sexuales, reproductivas y sexualizadas fueron utilizadas para castigar, humillar, disciplinar y transmitir mensajes de terror y dominación sobre las víctimas, sus familias y las comunidades. Asimismo, se determinó la existencia de persecución por razón de género.

Las cifras de la masacre

284 personas fueron asesinadas en las 32 masacres determinadas, 169 de ellas en las cuatro masacres ilustrativas, y 115 en las 28 adicionales que fueron determinadas por la Sala.

En 15 de las 32 masacres, la Sala documentó 107 víctimas de violencias basadas en género, violencias sexuales, y violencias contra mujeres y niñas. En tres hechos ilustrativos (Capaca, El Salado y Chengue) fueron identificadas 73 víctimas de las distintas formas de violencia examinadas.

En dos de las cuatro masacres ilustrativas (Capaca y El Salado), se documentaron hechos de violencia sexual que afectaron a 21 víctimas. En tres de las cuatro masacres ilustrativas (Capaca, El Salado y Chengue), la Sala identificó además 31 víctimas de otras formas de violencia basada en género y 21 de otras violencias contra las niñas y las mujeres.

Estas violencias no se limitaron a los hechos ilustrativos. En 12 de las otras 28 masacres determinadas por la Sala se identificaron 34 víctimas adicionales: ocho de violencia basada en género y 26 de otras violencias contra las niñas y las mujeres.

En el subcaso se acreditaron 1.219 víctimas: 1.191 individuales, 25 colectivas, dos territorios —Montes de María y Canal del Dique— y una Mesa de Participación de Víctimas en representación de víctimas indeterminadas.

Para profundizar en las dinámicas criminales y las responsabilidades individuales, la sala examinó cuatro hechos ilustrativos que permiten comprender las modalidades de violencia desplegadas en la región. Los lugares donde ocurrieron estas masacres terminaron convertidos en pueblos fantasma, pues sus habitantes se vieron obligados a desplazarse y abandonar sus territorios:

-El Salado, Flor del Monte, Canutal, Canutalito y La Sierra: la incursión paramilitar de febrero de 2000 dejó al menos sesenta víctimas mortales, además de desapariciones forzadas, torturas, tratos crueles e inhumanos, violencias sexuales y basadas en género, desplazamientos forzados e intimidaciones.

-El Limón, La Palma, Los Deseos, El Pavo, El Floral, Floralito, La Cañada, Berruguita y Macayepo: la incursión paramilitar ocurrida entre el 9 y el 17 de octubre de 2000 dejó trece víctimas mortales. La sala examinó el conocimiento institucional sobre la presencia paramilitar y la existencia de elementos de articulación entre actores militares, políticos y paramilitares.

-Chengue: en enero de 2001, una incursión paramilitar dejó veintiocho homicidios, torturas, tratos crueles e inhumanos, intimidaciones colectivas, quema de viviendas, violencia sexual y desplazamiento forzado. La comunidad había advertido reiteradamente a distintas autoridades estatales sobre el riesgo de una incursión.
Medidas para las víctimas de violencia sexual y basada en género, y víctimas de desaparición forzada

Como parte de las disposiciones de la decisión, la sala ordenó crear dos Mesas Técnicas.

Una Mesa de articulación interinstitucional con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), con el propósito de revisar el estado de los procesos de valoración y el acceso a las medidas de reparación administrativa de las víctimas de violencia sexual y violencias basadas en género acreditadas en el subcaso. También ordenó remitir a la UARIV una base de datos consolidada de las víctimas acreditadas y dispuso que la Defensoría del Pueblo ejerza la secretaría técnica de esta mesa.

Y la segunda Mesa con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), para consolidar información y coordinar acciones de búsqueda, localización, identificación y entrega digna de las personas desaparecidas vinculadas al subcaso. Asimismo, identificará las necesidades de toma y cotejo de muestras genéticas de sus familiares. La primera reunión deberá realizarse dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria de la providencia. Podrán participar organizaciones de derechos humanos y de víctimas con experiencia en desaparición forzada en Montes de María y municipios cercanos

También dispone activar las rutas para el reconocimiento de las mujeres buscadoras, su incorporación al Registro Único de Mujeres Buscadoras y la adopción de medidas de prevención y protección.

Mediante Resolución 01 de 30 de septiembre de 2026 de la Subsala L, en el marco del Caso 08, subcaso Montes de María y municipios cercanos, se dispuso la remisión temprana a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de las conductas atribuidas a Gregorio García Raigosa, Jorge Tadeo Castañeda Garzón y Jaime Alberto Navarro Ferrero, al considerar que existen bases suficientes para entender, luego de la contrastación del material probatorio, su presunta responsabilidad en hechos graves y representativos relacionados con las masacres de Capaca, El Salado y Macayepo, según las atribuciones individualizadas para cada compareciente.

La atribución realizada en esta etapa procesal no constituye una declaración definitiva de responsabilidad penal. La JEP notificará a los once comparecientes imputados, quienes tendrán 15 días hábiles para reconocer por escrito los hechos y su responsabilidad, o controvertir la imputación con argumentos y elementos de prueba. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tendrán el mismo plazo para formular observaciones.

Si los comparecientes reconocen responsabilidad y aportan verdad, la Sala de Reconocimiento de Verdad podrá emitir una Resolución de Conclusiones y remitirla al Tribunal para la Paz, que definirá las sanciones restaurativas. Si no reconocen responsabilidad, sus casos podrán ser remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA). Si esta fórmula acusación, el proceso podrá avanzar ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz. De establecerse su responsabilidad, podrían imponerse penas de hasta 20 años de cárcel.

En el Caso de la remisión temprana por la masacre de Capaca, será la UIA quien determine si presenta escrito de acusación frente a los responsables.