–En el marco de la Audiencia Defensorial por los diez años de la firma del Acuerdo de Paz de 2016, la entidad presentó este miércoles un balance de su implementación, con los principales avances, desafíos y recomendaciones para garantizar los derechos de las víctimas y transformar los territorios afectados por la violencia.

Sin embargo, aunque pasados diez años «el país no es el mismo», porque las Farc ya no existen como grupo armado, pues más de 13.000 dejaron las armas y cerca de 11.000 de esas personas siguen en su proceso de reincorporación, la Defensora del Pueblo Iris Marín advirtió que la persistencia de la violencia armada representa uno de los mayores obstáculos para la implementación del Acuerdo de Paz.

«Diez años después el país enfrenta un contexto de violencia armada muy desafiante caracterizado por la simultaneidad de varios conflictos armados entre grupos organizados con influencia territorial y la expansión de la criminalidad organizada», señaló.

Estableció que el 36 % de los municipios del país tienen alertas tempranas por riesgos para la población por la actuación de estos grupos y alrededor de cinco grupos de disidencias de las antiguas Farc hacen presencia de manera permanente e intermitente en 372 municipios. Mientras tanto, el clan del golfo hace presencia en 468 municipios, sin contar otros grupos y dinámicas.

En su informe, señaló que entre enero de 2016 y junio de 2026, la Defensoría registró 1.743 homicidios de personas defensoras de derechos humanos y a la par, fueron asesinadas 521 personas firmantes de paz.

El impacto sobre las comunidades se refleja en el aumento del desplazamiento forzado masivo y el confinamiento. Entre 2017 y 2025, las personas afectadas por desplazamientos masivos pasaron de 12.841 a 107.924, mientras que las afectadas por confinamiento aumentaron de 18.603 a 128.825.

A su vez, al 31 de julio de 2026, el Sistema de Alertas Tempranas tenía dos alertas nacionales y 120 territoriales activas, que advertían riesgos en 396 municipios y 15 territorios indígenas. El Índice de Respuesta Estatal, que mide el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en las alertas tempranas, registró un resultado agregado del 57,14 %, lo que evidencia la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y protección.

Estas condiciones amenazan la vida de las personas firmantes, los liderazgos sociales y las comunidades, y afectan la participación y los procesos organizativos necesarios para avanzar en la construcción de paz, subrayó.

La Defensoría del Pueblo recuerda que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, establecido en el artículo 22 de la Constitución Política. Asimismo, el Acto Legislativo 02 de 2017 dispone que las instituciones y autoridades del Estado deben cumplir de buena fe lo acordado, por lo que su implementación exige continuidad institucional, financiación y responsabilidades verificables más allá de los cambios de gobierno.

El informe recomienda acelerar la reparación integral de las víctimas, fortalecer la protección de personas defensoras y firmantes de paz, ejecutar las iniciativas PDET, seguir avanzando en la formalización y restitución de tierras, cumplir y fortalecer los programas de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y consolidar la justicia restaurativa con medidas que tengan en su centro la garantía de los derechos de las víctimas. También plantea hacer efectivos los enfoques étnico y de género, garantizar la participación de las comunidades en las decisiones y evaluar los resultados a partir de la garantía real de derechos.

La Audiencia Defensorial incluyó una reflexión final sobre los consensos necesarios para avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz, a cargo de la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz. Este espacio dio continuidad a las conversaciones sobre los avances alcanzados durante la última década y los compromisos pendientes con las víctimas y los territorios.

“Poner a las víctimas en el centro significa, primero, que no hay víctimas de primera y víctimas de segunda. La madre de un soldado ejecutado y la madre de un muchacho reclutado por la guerrilla lloran igual. El secuestrado y el desplazado esperan igual. El Acuerdo no se firmó para una sola orilla del dolor y la Defensoría no puede acompañar a una sola orilla. Las mujeres de la Ruta Pacífica lo dicen en sus plantones con una frase que no se me olvida: ‘Fuimos las madres de la guerra, queremos ser las abuelas de la paz’», señaló la Defensora del Pueblo.

A diez años de la firma del Acuerdo de Paz, la Defensora del Pueblo reiteró que los avances alcanzados deben preservarse y fortalecerse, mientras que los compromisos pendientes requieren decisiones y acciones concretas. La implementación no puede medirse únicamente por la existencia de programas o instituciones, sino por su capacidad para transformar las condiciones de vida de las víctimas y las comunidades.

Entre los avances que deben preservarse y compromisos pendientes, detalló los siguientes:

El Acuerdo de Paz, firmado en noviembre de 2016 entre el Gobierno nacional y las antiguas Farc, permitió poner fin al conflicto armado con esa organización y avanzar en la dejación de armas de más de 14.100 personas. También hizo posible la creación de mecanismos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, así como herramientas para la reincorporación, la participación democrática y la transformación rural.

En materia de reincorporación, 10.943 personas permanecen vinculadas al proceso, aproximadamente el 76 % de las acreditadas. Cerca de 7.000 personas firmantes han terminado el bachillerato, el 99 % está afiliado al sistema de salud y se han desarrollado 6.206 proyectos productivos individuales y colectivos. Estos resultados representan avances importantes para la construcción de proyectos de vida alejados de la violencia.

En justicia transicional, la Defensoría reconoce los avances de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que adelanta 11 macrocasos y ha emitido cinco condenas por graves crímenes cometidos durante el conflicto armado.

La Defensoría destaca la necesidad de acelerar los procesos pendientes, fortalecer la participación de las víctimas y garantizar el cumplimiento efectivo de las sanciones propias, tanto en sus componentes restaurativos como en las restricciones de derechos que contemplan.

«Cumplir integralmente el Acuerdo de Paz significa proteger la vida, superar las desigualdades, ampliar la democracia, reparar a las víctimas y garantizar que los derechos reconocidos se hagan realidad en los territorios. Ese es el compromiso constitucional que debe orientar la siguiente etapa de implementación», puntualizó la Defensora.