Después de seis mese de investigación, finalmente fue capturado el abogado Miguel Hernández Pérez, quien era requerido por las autoridades judiciales por los delitos de concusión y de tener presuntos nexos con una red dedicada a suplantar la identidad de oficiales y funcionarios de la Policía Nacional para enriquecerse ilícitamente.

Entre los afectados está el Subdirector General de la Institución, Mayor General Rafael Parra Garzón, quien interpuso denuncia penal ante la Fiscalía Seccional de la Unidad de Reacción Inmediata de Paloquemao, la cual dio inicio a una investigación que permitió establecer como modalidad delictiva el uso de documentos con logotipos y firmas falsas de altos mandos de la Policía, para engañar a potenciales contratistas bajo la promesa de facilitar la adjudicación de licitaciones a cambio de jugosos pagos, cuya cuantía habría superado los 600 millones de pesos.

De acuerdo con las averiguaciones, los sindicados acudían incluso a la suplantación de voz a través de llamadas telefónicas, al uso irregular del uniforme policial ante los contratistas y a la entrega de pagarés para ofrecer mayor seguridad y confianza a las personas naturales y jurídicas interesadas en trabajar con la Policía Nacional.

En el caso particular del abogado Miguel Hernández, la información recaudada indica que habría aprovechado su condición de ex asesor de la Policía Metropolitana de Bogotá y profesor de la Escuela de Cadetes Francisco de Paula Santander, para acceder a la base de datos y a los documentos utilizados como soporte en la maniobra de engaño a los futuros licitantes.

A partir de estas y otras informaciones, la Fiscalía ordenó la captura del jurista, el registro de la empresa Miguel Hernández Abogados y Asociados (ubicada en el sector de Galerías), al igual que la interceptación de comunicaciones al cabo de las cuales se obtuvieron 14.500 audios, incluidos dentro del acervo probatorio y sometidos a cadena de custodia.

La investigación involucra a otras personas, cuya conducta es analizada por las autoridades competentes, las cuales determinarán si hay lugar o no a la adopción de medidas judiciales.

El subdirector dela Policía general Rafael Parra Garzón, aclaró que durante toda la investigación se confirmó que esta organización, junto con el abogado Miguel Hernández, no logró obtener ninguna licitación.
“Ningún contrato se entregó a través de esta vía, lo que si sabemos es que él recibió más de 600 millones de pesos de personas a las que engañó, con el supuesto de que pagando una comisión se encargaría que le adjudicaran una licitación”, agregó el general Rafael Parra Garzón.