A un debate de convertirse en ley de la república quedó un proyecto de ley que garantiza la construcción de las 100 mil viviendas para los más pobres, prometidas por el presidente Juan Manuel Santos.

La iniciativa, que fue aprobada en el Senado de la República y pasará ahora a ultimo debate en la Cámara de Representantes, permitirá a desplazados, habitantes de zonas en riesgo, madres cabeza de hogar, discapacitados y adultos mayores, entre otros, reciban una vivienda digna, según lo indicó la senadora Dilian Francisca Toro, del Partido de la U y coordinadora de ponentes del proyecto.

A su turno, el Ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, afirmó que «los primeros colombianos beneficiados serán aquellos que están en la línea de extrema pobreza y hacen parte de Red Unidos. Quienes no resulten beneficiados en esta primera etapa del programa conservarán prioridad para la segunda y tercera etapa».

Vargas Lleras reafirmó que el propósito es convertir el proyecto en una política de Estado, pues «si existen en el país un millón quinientas mil familias bajo la línea de pobreza extrema, no podemos solucionar el problema con una política coyuntural».

El gobierno nacional avaló una proposición presentada por el senador Armando Benedetti, del Partido de la U, para modificar el artículo 5, y se estableció que los constructores de vivienda de todo tipo que hayan sido sancionados, no podrán contratar en este plan de vivienda que promete favorecer a los más pobres de los pobres.

De otro lado, fue rechazada una proposición presentada por el senador Carlos Enrique Soto, también del Partido de la U, que pretendía que el 50% de las viviendas que promueve el proyecto, fuesen construidas en el sector rural, esto es, que 50 mil viviendas.

Sin embargo, el ministro de Vivienda, Germán Vargas indicó que la proposición descontextualizaba el proyecto, en tanto que condicionaba la construcción de las viviendas.

Aseguró que un porcentaje importante incluye a los municipios más pobres del país, además el proyecto habilita el subsidio del 100 % para la vivienda rural.

Aunque la proposición fue negada, el jefe de la cartera de Vivienda se comprometió con la plenaria a garantizar que el sector campesino se beneficie con esta ley.

Mediante la aprobación de cuatro artículos nuevos, los senadores respaldaron la garantía del suministro de agua potable para las 100 mil viviendas; el apoyo a madres comunitarias; la responsabilidad departamental y un artículo que propone mantener las tarifas de servicios públicos en los estratos 1, 2 y 3.

El ministro Vargas Lleras dijo que de aprobarse el proyecto en la plenaria de la Cámara y convertirse en Ley de la República, será necesario realizar un CONPES y un CONFIS que para analizar el tema de vigencias futuras.

Así mismo reiteró que la elección de los constructores de los proyectos habitacionales contará con la transparencia requerida. Dichos contratistas deberán contar con una experiencia específica mínima de 5 años y no haber sido sancionados por incumplimiento.

Por su parte, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social está elaborando el listado de las familias elegibles en cada municipio y distrito, de acuerdo con los criterios acordados en el articulado.