A cuatro meses de culminar su mandato como gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz presentó su renuncia al cargo que desempeñaba desde el año 2012, para enfrentar el juicio que se le avecina por su presunta responsabilidad en el pago de dádivas a funcionarios públicos de la Unidad de Mantenimiento Vial y a concejales de Bogotá, para favorecerse con contratos de suministro de asfalto y emulsión asfáltica a través de un empresa que al parecer es de su propiedad. Todo esto dentro de la investigación que se adelanta por el denominado carrusel de la contratación.

A través de una misiva dirigida al presidente de la República, Juan Manuel Santos, Álvaro Cruz argumento sobre su renuncia que lo hacía «para no afectar la gobernabilidad del Departamento» por la investigación que en su contra adelanta la Fiscalía.

«La Fiscalía está adelantando una investigación frente a mi ejercicio profesional como ingeniero civil independiente en el mes de diciembre del año 2009, lo que me obliga a atender los requerimientos de ese organismo constitucional. Por lo anterior, para no afectar la gobernabilidad del Departamento, me permito presentar ante Usted, renuncia irrevocable a partir del 18 de agosto de 2015», señala un aparte de la carta.

Los hechos del particular corresponden a que, durante los meses de diciembre de 2009 a febrero de 2010, Cruz entregó dineros a funcionarios públicos de la Unidad de Mantenimiento Vial y Rehabilitación Vial en Bogotá, y a concejales de la ciudad que manejaban dicha entidad, para generar favorecimientos en la ejecución de contratos de suministro de asfalto y emulsión asfáltica, compuestos por las empresas ICM Ingenieros e Incoasfaltos.

El mandatario departamental habría incurrido en estos delitos, por presuntamente haber en ejecutado un contrato por 24 mil millones de pesos, adjudicado en el año 2009 por la administración de Bogotá, para el suministro de asfalto para reconstruir la malla vial de la ciudad capital.

Según el fiscal del caso, el gobernador Cruz Vargas entregó a funcionarios y concejales de la ciudad dineros para que en la licitación respectiva se favoreciera a la empresa Unión Temporal Asfaltos.

De acuerdo con el organismo investigador, el monto del dinero entregado por Cruz Vargas ascendió a 800 millones de pesos, que salieron del anticipo del mismo contrato.

La Fiscalía General de la Nación le imputará el próximo 2 de septiembre, los delitos que se le imputaran serán, interés indebido en la celebración de contratos, cohecho por dar u ofrecer y abuso de confianza calificado por presuntamente ofrecer dádivas para la adquisición de contratos para obras de la malla vial de Bogotá, por parte de la empresa ICM Ingenieros, de la cual sería propietario.