–En primer debate fue aprobado en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes un proyecto de ley estatutaria para reformar la acción de tutela, iniciativa que fue presentada por la Defensoría del Pueblo.

El proyecto, según el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, busca fortalecer ese mecanismo de amparo constitucional, reglamentando algunos aspectos de funcionamiento que en la actualidad tienden a congestionar el aparto judicial y entorpecen la respuesta que esperan los ciudadanos frente a temas vitales como la salud.

En este sentido, lo que se pretende es otorgarle al usuario una herramienta eficaz para acabar con la eterna prórroga de tratamientos, cirugías y citas médicas, que pese a ser fundamentales para la propia vida e integridad de los pacientes, suelen programarse con intervalos de meses, haciendo extemporáneos los procedimientos y sometiendo a los ciudadanos a trámites interminables.

Para tal efecto, la Defensoría considera necesario armonizar aspectos como el fallo en primera instancia con un plazo máximo de 10 días para resolver los incidentes de desacato, y paralelamente con la focalización de la justicia en aquellos temas de mayor impacto para el colombiano de a pie, eliminando los factores que generan desgaste en el sistema.

El proyecto fija reglas claras para poner fin a las llamadas tutelatones, que generalmente ligadas a intereses políticos, distraen y congestionan la atención en los despachos judiciales. Lo que propone la Defensoría entonces es que ante un hecho superado, es decir una sentencia ya proferida frente a requerimientos de esta naturaleza, cualquier pretensión adicional por vía de tutela, simplemente se acoja a la jurisprudencia existente.

Por otra parte, y con el fin de garantizar la transparencia de los procesos y permitir que los ciudadanos conozcan las razones por las cuales una acción de tutela es seleccionada, la iniciativa establece la obligación de publicar el acta de selección, con la síntesis de cada caso escogido y los criterios que motivaron esa decisión. Esto se complementa con la participación de tres magistrados en las salas de selección, puesto que al supeditarse a dos el proceso como sucede en la actualidad, las posiciones encontradas pueden bloquear la escogencia de una tutela clave para los derechos de los ciudadanos, sin que exista una tercera instancia que dirima la controversia.

De la misma manera, se contempla la posibilidad de solicitar audiencias excepcionales a la Corte Constitucional para discutir asuntos de especial interés respecto a los casos seleccionados, ello con el propósito de evitar reuniones a puerta cerrada frente a temas de interés general.

Finalmente, el proyecto de reforma a la acción de tutela, elaborado y presentado por la Defensoría del Pueblo, plantea que los procesos de evaluación de los jueces en el país tengan en cuenta su desempeño frente a estas acciones constitucionales de amparo, que durante el último año superaron las 498 mil.

Los aspectos más invocados por los ciudadanos a través de la tutela son los derechos de petición, con el 51,8 por ciento, la salud con el 23,7 por ciento, los derechos económicos, sociales y culturales con el 16 por ciento, seguidos por el derecho a la vida digna y la seguridad social.

Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca son las regiones donde los ciudadanos más interponen acciones de tutela, mientras las entidades más requeridas a través de este instrumento son la Unidad de Víctimas, Colpensiones y la propia rama judicial.

En la Comisión Primera de la Cámara, tras dos horas y media de debate, fue aprobado el proyecto de ley , que había sido radicado por el Defensor el pasado 29 de julio ante la Secretaría de esa corporación legislativa.

La iniciativa recibió el respaldo masivo de los Congresistas, quienes valoraron las bondades del proyecto, y particularmente su incidencia en beneficio de los colombianos, destacó el Defensor.

De los 30 artículos que hacen parte de la propuesta 28 fueron votados positivamente en bloque, en tanto que los dos restantes fueron sometidos a discusión y votación individual como resultado de algunas proposiciones y constancias expuestas por los legisladores.

Así las cosas, el artículo 9 fue votado por 29 Congresistas, 27 de los cuales lo hicieron afirmativamente, en tanto que el artículo 17 fue votado por 28 representantes, 26 de los cuales apoyaron los argumentos de la Defensoría.

Ahora, el proyecto de ley estatutaria pasa a consideración de la plenaria Cámara de Representantes, cuya sesión será citada próximamente para debatir la iniciativa.

Durante el debate de este martes en la Comisión Primera los Congresistas reconocieron la labor de la Defensoría del Pueblo en favor de los derechos humanos, y exaltaron particularmente la gestión del Defensor Otálora Gómez y de la Entidad ante la crisis humanitaria en la frontera con Venezuela.