Por los delitos de falsedad en documento público, prevaricato, celebración de contratos sin los requisitos legales y concierto para delinquir, fue radicado la denuncia formal en contra de la analista política Natalia Springer salpicada en un escándalo de contratación con las Fiscalía General de la Nación.

La acción judicial fue presentada por el presidente de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, quien en su documento pide al organismo que se investiguen los pormenores de los contratos por 4.000 millones de pesos que firmaron la Fiscalía y la firma Springer Von Schwarzenberg Consulting Services S. A. S. de la cual es propietaria la reconocida analista política.

El escrito de acusación contra Springer señala que se presentó una contratación directa e irregular “al igual que graves incumplimientos de los mismos” por parte de la firma “constituida hace 2 años, representanta por la señora Natalia Springer –sin idoneidad suficiente- entre ellos el contrato de prestación de servicios No. 0282 que representaría un redistribución de $17 millones diarios. Llamado de atención que la propia Fiscalía contaba con personal idóneo para la ejecución del mismo objeto contratado”.

“La entrega de informes o productos contratados con Natalia Springer, no cumplen las exigencias de los contratos conforme a lo expresa públicamente por el supervisor del contrato, quien fuera despedido por oponerse a aprobar dichos informes, siendo el control de dichos contratos asumido directamente por el propio Fiscal General de la Nación”, precisa el documentos.

Para Bustos, los contratos adjudicados a “dedo” habrían afectado el patrimonio público, la moralidad administrativa, legalidad, libre concurrencia, selección objetiva y economía.

“Dicha contratación se realizó sin estudios previos dispuestos por las normas y principios rectores de la contratación pública”, precisa uno de los apartes de la denuncia presentada por la Red de Veedurías Ciudadanas. En este sentido se indica que debido al monto del contrato y los alcances del mismo el ente investigador tenía que realizar una licitación pública para elegir la mejor opción para la firma del convenio contractual.

En la denuncia se pide que se cuente con la declaración de Alejandro Ramelli y Mónica María Suárez Moscoso, jefe encargada de la Unidad Nacional de Análisis y Contexto, así como los documentos de interventoría hechos frente a los resultados de los contratos firmados con Springer.

Igualmente se le pidió a la Procuraduría y la Contraloría hacer una revisión frente a dichos convenios contractuales.