–Por insostenible e injusto y a la vez implicar una vulneración a los derechos fundamentales de los niños, la Procuraduría General de la Nación pidió al gobierno nacional una revisión total del Programa de Alimentación Escolar (PAE). El organismo de control confirmó que adelanta 145 acciones disciplinarias por posibles irregularidades, como el engaño a los niños denunciado en un video en un colegio del municipio de San Alberto, Cesar.

“Aquí hay un tema ético y de responsabilidad constitucional sobre la protección de los derechos. El programa debe ser reevaluado y acordado por todas las entidades que les corresponde, no solo por el Ministerio de Educación”, aseguró la procuradora delegada para la Infancia, Adolescencia y Familia, Ilva Myriam Hoyos, en el marco de la cumbre extraordinaria de gobernadores, organizada por la Federación Nacional de Departamentos.

En este encuentro de mandatarios departamentales se propuso la creación de una mesa de seguimiento al programa y al respecto la representante del ministerio Público afirmó:

“Esperamos que esta mesa que se crea en esta reunión sea operativa y lleguemos a una solución concertada, no impuesta”.

La funcionaria recordó que de tiempo atrás la Procuraduría hizo advertencias sobre las falencias juridicas, financieras, organizacionales, administrativas y presupuestales del PAE y citó el comunicado que en este sentido envió en el 2013 al presidente de la República, Juan Manuel Santos.

Agregó que en el 2014, conjuntamente con la Contraloría se volvio a pronunciar, «sin que tuviéramos respuesta en una y otra ocasión».

«Sentimos que hay un silencio de parte del gobierno en este tema. Podemos hablar de “un silencio de los inocentes, porque termina afectando los derechos fundamentales de los niños”, precisó la procuradora delegada tras oír de manera atenta las intervenciones de los gobernadores.

Además advirtió que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1852 del 16 de septiembre de 2015, con el cual buscaba reglamentar el PAE, delegando en las gobernaciones y alcaldías la responsabilidad de desarrollar el programa, sin que tuviera en consideración las recomendaciones sugeridas por las administraciones regionales.

“Actualmente el programa es insostenible e injusto. Esto implica una vulneración a los derechos fundamentales de los niños, quienes son los directos afectados. Requerimos una revisión total del programa”, afirmó la procuradora delegada.

“El PAE está pensado para otorgar el 50 % de las calorías que necesita un niño. Pero algunas regiones solo pueden dar desayuno o almuerzo. Se está brindando realmente entre el 20 y 30 % de lo que necesitan”, advirtió.

En la cumbre de mandatarios departamentales participaron más de veinte gobernadores, quienes expusieron sus preocupaciones sobre la implementación del PAE en sus jurisdicciones.

El objetivo del encuentro era discutir la crisis que sufre actualmente el PAE con la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Federación Nacional de Departamentos, la Dirección para las Regiones y el Ministerio de Educación Nacional, entidad esta última que no se hizo presente.

DECLARACION DE GOBERNADORES

A propósito del tema, al concluir la cumbre extraordinaria de gobernadores sobre la crisis del Programa de Alimentación Escolar (PAE), convocada por la Presidenta de la Federación Nacional de Departamentos, Dilian Francisca Toro y el Director Ejecutivo Amylkar Acosta, los mandatarios departamentales firmaron una declaración conjunta en la que convocan una mesa de trabajo con el Gobierno Nacional para enfrentar la crisis del PAE y buscar una solución definitiva al problema que afecta a más de 4 millones de niños en el país.

Los gobernadores asumen el compromiso de luchar contra las mafias de la alimentación escolar que ha afectado el programa desde hace varios años, de acuerdo con los hallazgos encontrados por la Contraloría y reiteran que no se le puede trasladar la responsabilidad a las entidades territoriales sin contar con los recursos suficientes.

De acuerdo con el Director Ejecutivo de la FND Amylkar Acosta, “durante más de 40 años el Ministerio de Educación ha manejado el PAE y actualmente administra y dirige ese programa en 19 entidades territoriales”.

Para la procuradora Delegada de la niñez, infancia y adolescencia, Ilva Miryam Hoyos, el Programa de Alimentación Escolar, se debería llamar “el silencio de los inocentes”. Recordó que se han llevado a cabo 5 mesas de trabajo y a la fecha el Ministerio de Educación no ha solucionado nada. Para la procuraduría el PAE está al borde del colapso y es inviable.

A continuación el texto de la declaración conjunta de los 32 gobernadores:

DECLARACIÓN

Los gobernadores de Colombia reunidos en la ciudad de Bogotá, realizaron una Cumbre Extraordinaria de Gobernadores con el fin de abocar la grave crisis que enfrenta la operación del PAE en todo el territorio nacional que pone en riesgo la prevalencia de los derechos de millones de niños y niñas escolares, habitantes de las poblaciones más vulnerables.

En esta sesión urgente convocada por la Presidente y el Director Ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos se manifiesta públicamente por parte de los 32 mandatarios departamentales su compromiso de hacer parte del frente común de lucha contra las mafias de la alimentación escolar, liderado por el Ministerio de Educación, Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo, en defensa de los derechos prevalentes de los niños y niñas del país.

Buscamos soluciones inmediatas a las debilidades detectadas en todos los actores involucrados con la operación PAE, y ponemos a su disposición una Mesa de Trabajo Regional PAE para analizar los hallazgos de la Contraloría y las debilidades detectadas por parte de todos los actores del programa, que en criterio de dicha entidad, generan que no se hayan cumplido los objetivos del PAE.

Propendemos por el establecimiento de una política pública de alimentación escolar mediante la sanción de una Ley de la República que institucionalice ésta como un asunto de interés nacional y coadyuve a garantizar los derechos de los niños, de manera diferencial, con la financiación suficiente para que sea viable y sostenible.

En este sentido, llaman urgentemente la atención del Gobierno Nacional para garantizar la transferencia de recursos de manera oportuna y suficiente para mantener las coberturas actuales y avanzar hacia la universalización con los estándares de calidad para continuar con la operación del Programa.

Los Gobernadores manifiestan su voluntad para concurrir para la cualificación del PAE, optimizando y mejorando la infraestructura y la calidad en la prestación del servicio, de conformidad con la disposición de recursos propios.

En consecuencia, se le solicita a la Ministra de Educación Nacional, Gina Parody, la integración de una mesa de diálogo y concertación de la cual hagan parte, además del Ministerio de Educación y de Hacienda y Crédito Público, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Cinco (6) gobernadores, en representación de las regiones del país harán parte de la misma. Esta mesa deberá arribar a conclusiones y determinaciones antes del 5 de mayo, fecha esta en la que se llevará a cabo la Cumbre de Gobernadores en Montería.

La garantía y prevalencia de los derechos de millones de niños y niñas que actualmente están inscritos en el sistema escolar y necesitan para su sobrevivencia y permanencia del complemento nutricional que brinda el PAE desde hace más de 90 años, es nuestra motivación principal, para defender y garantizar sus derechos nos eligieron millones de votantes y a ellos nos debemos». Fin de la declaración.

La Procuraduría informó que el sábado pasado en la ciudad de Valledupar, se llevó a cabo una cumbre de gobernadores de la región Caribe con la presencia de la procuradora delegada, quien señaló la necesidad de que el PAE se convierta en política de Estado y que el gobierno nacional entregue una mayor cantidad de recursos, pues el mismo se encuentra desfinanciado.

Precisó que es necesario que la base de cualquier modificación del PAE tenga como pilar fundamental el enfoque de derechos que ponga a los niños, niñas y adolescentes como prioridad para garantizarles el derecho fundamental prevalente a una alimentación equilibrada.

También mostró preocupación sobre la decisión por parte del Ministerio de Educación de considerar cobertura universal únicamente para los 4 millones de niños de los que se encargaba el ICBF. La obligación legal establecida por el parágrafo cuarto del artículo 136 de la Ley 1450 del 2011 es que se debe lograr cobertura universal para los 8 millones de niños que están registrados en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT).