–A 8 años de la multimillonaria defraudación, un juzgado de la ciudad de Ibagué condenó a 22 años y 6 meses de cárcel a Margarita Mélida Tovar Velasco, en su calidad de gerente de la desaparecida «pirámide» DRFE en el departamento de Risaralda. Como tristemente se recuerda esta captadora ilegal se esquilmó los ahorros de más de 390 mil personas en todo el territorio colombiano.

El juzgado Segundo Penal del Circuito de la capital del Tolima ordenó la inmediata captura de la mujer para que cumpla la sentencia, que incluye además el pago de una multa de 50 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Esta es la segunda condena que se profiere contra la exgerente de la captadora ilegal DRFE con sede en Pereira. La primera condena de 24 meses de presidio se produjo en el 2009, luego que Margarita Mélida Tovar Velasco aceptara los cargos por el delito de cohecho que le endilgó la fiscalía.

Este delito se configuró luego de que al momento de su captura el 11 de noviembre de 2008, la mujer ofreciera a los agentes de la Policía mil millones de pesos para que la dejaran en libertad.

En esa ocasión, Margarita Mélida cuando salía en un carro particular de un conjunto residencial en Dosquebradas, Risaralda, le fueron decomisados 4 mil 130 millones de pesos que transportaba en cinco cajas, producto de los ahorros confiados por incautos ciudadanos a la pirámide DRFE.

Ahora, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Ibagué (Tolima), con función de conocimiento, profirió la condena contra Tovar Velasco, con base en la investigación adelantada por la Fiscalía 32 de la Dirección Nacional Especializada Antinarcóticos, la Policía Judicial contra el Crimen Organizado (PCO), Delitos Informáticos y Grupo de Investigación Anticorrupción de Pereira.

La Fiscalía logró demostrar en juicio la responsabilidad de la procesada en los delitos de lavado de activos agravado, captación masiva y habitual de dinero sin autorización legal, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir agravado.

En la sentencia, el juez dispuso además la inhabilidad de la condenada para ejercer funciones públicas por 20 años y negó cualquier beneficio en la ejecución de la pena.