–La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó este miércoles su profunda preocupación por el recrudecimiento de la violencia generada por los grupos armados ilegales en el departamento de Arauca, y entre cuyas víctimas mortales figuran líderes defensores de derechos humanos y población civil.

En un comunicado, señala que en lo que va del 2024 ha documentado 15 homicidios, 12 de las cuales líderes comunales y un sabedor mayor indígena del Pueblo Hitnü; el secuestro de 151 personas, de las cuales 51 personas continúan desaparecidas; y 42 niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento forzado, uso o utilización también por parte de grupos armados no estatales.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos humanos alerta, además, al Gobierno Colombiano sobre la extrema vulnerabilidad de los pueblos indígenas Hitnü y Makagüan que se encuentran en riesgo de extinción física y cultural, de acuerdo con la Corte Constitucional.

«Documentamos que de los 42 niños que sufrieron reclutamiento forzado o uso o utilización, 32 pertenecen a los pueblos Hitnü y Makagüan. Esto pone en evidencia las graves consecuencias del conflicto sobre los Pueblos Indígenas, y también la urgencia de que el Gobierno, a nivel local y nacional, garantice los derechos humanos en estas zonas del país”, precisó Juliette De Rivero, Representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Subrayó que por la gravedad de la situación, ONU Derechos Humanos con la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior llevó a cabo dos misiones a Arauca para escuchar a las personas defensoras, a las autoridades locales y a una comunidad del Pueblo Hitnü.

Por otra parte, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos constató en 2024 graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario y afectaciones al acceso a la educación de la niñez en las zonas rurales de Arauca, que se traducen en interrupciones de los procesos educativos a raíz de los enfrentamientos entre grupos armados no estatales, desplazamientos forzados y confinamientos, uso de las escuelas por parte de actores armados no estatales e instalación de las Minas Antipersonal. Según el reporte de la Secretaría Departamental de Educación 290 sedes educativas fueron afectadas por el conflicto armado desde el 2022 hasta la fecha.

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos llama a las autoridades del Estado a tomar medidas eficaces de prevención y protección para garantizar la vida y la labor de las personas defensoras de derechos humanos y de la población civil, con un énfasis especial en la garantía de la vida y la pervivencia de los pueblos indígenas Hitnü y Makagüan.

Así mismo, la Oficina reitera la necesidad de continuar el trabajo de fortalecimiento del Ministerio Público, a través de las Personerías Municipales, quienes realizan una labor constante en defensa de los derechos humanos.

La Oficina llama a las autoridades judiciales a investigar, juzgar y sancionar a quienes perpetraron estos graves crímenes en Arauca como homicidios de la población civil, en particular de personas defensoras, reclutamiento, uso y utilización de niños y niñas menores de 18 años, privaciones de la libertad, desaparición, instalación de minas antipersonal, extorsiones, amenazas y panfletos o videos que generan terror; también llama a la implementación de la política de desmantelamiento de grupos generadores de violencia.

La Oficina de ONU Derechos Humanos condena las acciones violentas de los grupos armados no estatales, y los urge de forma contundente a que respeten los derechos humanos de la población civil y cumplan con las normas del Derecho Internacional Humanitario.