–(Foto Supersalud). Sin mencionar explícitamente a Beatriz Gómez Consuegra, la Superintendencia de Salud se pronunció sobre la denuncia de Daniel Coronell, en el sentido de que la esposa del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y superintendente delegada para prestadores del servicio de salud, «aprovecha su doble condición de alta funcionaria y cónyuge suya para dar órdenes (por lo demás arbitrarias e ilegales) a funcionarios subalternos sobre temas en los que no tiene autoridad por no ser propias de su cargo».

En el escrito, el organismo de control «reitera la autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control en el sector salud, conforme a lo establecido en la Constitución y la ley» y aclara que procedió conforme a la normativa vigente y de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Resolución 2599 del 2016, para la remoción de la agente interventora de la E.S.E. Hospital San Rafael.

Añade que la decisión fue recomendada por el Comité de Medidas Especiales de la Superintendencia, luego de conocer un informe que evidencia el incumplimiento de indicadores técnicos y de gestión del proceso de intervención de la E.S.E. San Rafael de Leticia.

Finalmente, la Superintendencia «reafirma su compromiso con los procesos y las normas establecidas, dentro de la institucionalidad, para el ejercicio de sus funciones, supervisando que los recursos de la salud sean
administrados correctamente y garantizando la prestación de los servicios de la salud a todos los colombianos».

El caso fue puesto en evidencia por Lina Baracaldo, interventora del Hospital San Rafael de Leticia, quien afirmó que fue sacada del cargo el pasado 2 de abril como represalia por oponerse a las exigencias de Beatriz Gómez Consuegra, de
firmar un contrato de 55.000 millones de pesos relacionado con un buque hospital en la región.

Guillermo Alfonso Jaramillo, en un trino en su cuenta en X señala que desde el momento en que fue designado como Ministro de Salud y Protección Social, «los ataques contra mi esposa, la doctora Beatriz Gómez Consuegra, no han cesado. Quienes la señalan omiten —deliberadamente— que su nombramiento fue realizado en septiembre de 2022 por el entonces superintendente Ulahi Beltrán, mucho antes de mi designación como Ministro».

El ministro agrega que una vez, le fue ofrecido el cargo por el presidente Petro, «actué con total transparencia y solicité un concepto a Función Pública para que evaluara cualquier posible inhabilidad. La entidad, que es la competente para hacerlo, concluyó que no existe ninguna inhabilidad, pues no hay relación jerárquica entre nuestras funciones ni facultad o posibilidad de nominarnos mutuamente».

Afirma además que «es profundamente indignante que, a pesar de esta claridad jurídica, los ataques persistan, y más grave aún, que se realicen con un sesgo evidentemente machista. Pretenden reducir a mi esposa a una figura secundaria, ignorando su formación, experiencia y la dedicación con la que ha trabajado por la salud de los colombianos y colombianas».

Subraya que este tipo de agresiones «no solo buscan deslegitimarla como profesional, sino que refuerzan una cultura que aún persiste en nuestro país: una en la que el mérito de una mujer es cuestionado solo por ser pareja de un hombre que ostenta un cargo de poder».

Jaramillo afirma que «la doctora Beatriz Gómez Consuegra es una funcionaria pública íntegra, que cuenta con una trayectoria intachable y una vocación de servicio incansable. No permitiremos que se siga usando su nombre como herramienta para ataques políticos que nada tienen que ver con su labor ni con la verdad».

Y concluye: «Rechazo con firmeza estos ataques y defiendo el liderazgo de las mujeres en el sector público, no solo como un deber institucional, sino con una convicción personal».