“uno de los siete puntos que han solicitado hoy las organizaciones, es la revisión de una especie de protocolo, por parte de los que hacen la legítima protesta y las autoridades correspondientes”, explicó Iragorri Valencia
Así mismo, reitero que el Gobierno ha hecho énfasis en la necesidad que estas protestas no sean violentas: “debemos establecer tanto en el Ministerio del Interior, en la Fiscalía y en el Ministerio de Protección Social, unas mesas de trabajo específicas para fijar puntos claros en este sentido”.
Igualmente, el alto funcionario anunció que el Ministerio del interior está protegiendo a mas de 8.900 personas del grupo objeto que le compete a esa entidad, entre ellos; defensores de Derechos Humanos, sindicalistas, periodistas y algunos candidatos: “hay 120 mil candidatos, van a quedar aproximadamente 85 mil, es imposible brindarles a todos una protección directa por parte del Gobierno central, pero lo que hemos solicitado es que las autoridades de Policía o el Ejército Nacional puedan brindar esas acciones de protección, especialmente a los aspirantes de los municipios identificados como de alto riesgo”.
Frente al tema de los esquemas de protección que estaban a cargo del DAS y que ahora pasaron al Ministro del Interior, el Ministro encargado, señaló que de los 500 esquemas que tenía el DAS, solo están pendientes por recibir 57.
“Al Ministerio del interior le correspondió las medidas efectivas de protección en cuanto hace referencia a esquemas de seguridad, medios de protección, vehículos brindados, sistemas de comunicación, inclusive algunos funcionarios del DAS que eran personas de confianza de algunos de los protegido, están en comisión en el Ministerio del Interior para que fueran ellos mismos que le brindaran seguridad. Esta transición está operando muy bien”, manifestó el funcionario.
Con la Mesa Nacional de Garantías que se adelantó el día de hoy se culmina una primera fase de estas reuniones que se realizaron con cada una de los ministerios del Gobierno Nacional, en donde se definió una política concertada con las organizaciones que representan los defensores de Derechos Humanos en Colombia.
