–El Consejo Gremial Nacional, que agrupa a las organizaciones empresariales del país, expresó su profundo rechazo y preocupación frente al anuncio del Gobierno Nacional de avanzar con una consulta popular por decreto, pese a la negativa del Senado de la República. «Este anuncio vulnera y socava la Constitución y la institucionalidad del país, representando una grave vulneración al orden legal ya la independencia de poderes establecida en la Constitución Política», precisa en un comunicado.

Agrega que el Ejecutivo no tiene facultades para convocar unilateralmente a una consulta popular que ha sido negada por el Congreso de la República, como lo reconoció la Sección Quinta del Consejo de Estado, al admitir en una demanda contra la decisión del Senado, que «dicho acto se convirtió en definitivo, al haber culminado con ello el trámite iniciado el 10 mayo de 2025 por el Presidente y sus ministros, conforme a lo previsto en el artículo 104 de la Constitución y desarrollado en los artículos 50 y siguientes de la Ley 134 de 1994.

Advierte que el artículo 188 de la Constitución establece que el Presidente de la República debe simbolizar la unidad nacional y garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos. Utilizar su investidura para presionar al Congreso o deslegitimar a sectores sociales y económicos que disienten de sus propuestas, atenta contra la convivencia democrática y el respeto por la pluralidad de opiniones.

«Desde el Consejo Gremial reiteramos que las reformas estructurales deben ser debatidas y aprobadas por los congresistas elegidos por el pueblo. Saltarse este proceso no solo vulnera el equilibrio de poderes, sino que genera inestabilidad jurídica y económica, afectando la confianza de los ciudadanos y de los inversionistas en las instituciones del país», indica el comunicado.

Los gremios empresariales hacen, finalmente, un llamado al Gobierno Nacional a respetar el marco constitucional, la institucionalidad y los canales democráticos establecidos, y a propiciar un diálogo genuino, sin descalificaciones ni imposiciones, que permita construir consensos en beneficio del país.

Bogotá D.C., 3 de junio de 2025