–Al iniciarse la lectura del fallo de mil folios en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, la Defensora del Pueblo, Iris Marín emitió una declaración en la cual recalcó sobre la independencia judicial y advirtió que esta independencia implica que jueces y juezas deben ejercer su función con plena libertad, sin presiones indebidas ni descalificaciones que interfieran en su autonomía o debiliten la confianza de la ciudadanía en la administración de justicia.

Al respecto, a Defensoría del Pueblo hizo un llamado firme a toda la sociedad: las decisiones judiciales deben respetarse, cualquiera que sea su contenido».

Estos son los términos de la declaración:

La Defensoría del Pueblo reafirma que la independencia judicial es un pilar esencial del Estado Social de Derecho y una garantía para la protección de los derechos fundamentales. Esta independencia implica que jueces y juezas deben ejercer su función con plena libertad, sin presiones indebidas ni descalificaciones que interfieran en su autonomía o debiliten la confianza de la ciudadanía en la administración de justicia.

En una sociedad democrática, resulta indispensable reconocer y proteger el papel de las mujeres en la función jurisdiccional. Cuando una juez es objeto de señalamientos estigmatizantes por razón de su género o por el contenido de las decisiones que debe adoptar, no solo se vulnera su dignidad personal, sino que se afecta el equilibrio institucional y se perpetúan barreras históricas que impiden una justicia verdaderamente equitativa.

En el marco de la decisión que está anunciando una juez de la República en el proceso que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, la Defensoría del Pueblo hace un llamado firme a toda la sociedad: las decisiones
judiciales deben respetarse, cualquiera que sea su contenido.

Estigmatizar a una mujer por ejercer su rol como juzgadora es una forma de violencia que amenaza la independencia judicial y debilita el Estado de Derecho. La justicia se honra cuando se respeta a quienes la administran. Las decisiones judiciales de los jueces y las juezas, se respetan. Solo de esta manera aseguramos un respeto del orden constitucional, garantizando la autonomía, la dignidad y la seguridad de quien la profiere.