–Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Venezuela han cometido graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad durante más de una década, siendo Nicolás Maduro el máximo responsable, de acuerdo con la línea de mando, según el último informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela publicado este jueves.

El reporte fue elaborado bajo la supervisión de los tres Miembros expertos de la Misión, Marta Valiñas, Francisco Cox Vial, y Patrícia Tappatá Valdez. Estos dos últimos concluyeron sus mandatos el 31 de octubre de 2025.

El informe – que incluye un análisis detallado de las estructuras internas, jerárquicas y operativas de la GNB – concluyó que funcionarios de la GNB perpetraron y contribuyeron de manera directa a la comisión de privaciones arbitrarias de la vida, detenciones arbitrarias, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y violencia sexual y de género, tanto durante operativos de control de protestas como en acciones de persecución política selectiva. La persistencia de estos abusos se ha visto facilitada por un entorno prolongado de impunidad.

“Los hechos documentados muestran el rol de la GNB en un patrón de represión sistemática y coordinada contra personas opositoras o percibidas como tales, que se ha mantenido durante más de una década,” afirmó Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Determinación de los Hechos.

El informe detalla cómo la doctrina venezolana de “seguridad nacional” ha fusionado funciones militares y policiales, legitimando la militarización de la seguridad ciudadana y ampliando el papel de la GNB en operaciones orientadas al control social y la represión interna. La cadena de mando altamente centralizada –bajo la dirección del Presidente de la República como Comandante en Jefe de la FANB – ha facilitado la ejecución de acciones ilícitas sin mecanismos internos efectivos de control o rendición de cuentas.

En los picos de protesta de 2014, 2017, 2019 y 2024, la GNB ejerció un uso desproporcionado de la fuerza, incluyendo el empleo de armas letales y menos letales disparadas de forma indebida. La Misión tiene motivos razonables para creer que funcionarios de la GNB dispararon armas de fuego de manera indiscriminada, disparando directamente a zonas vitales de los cuerpos de las víctimas. Además, la Misión recibió información de la existencia de una práctica de modificar proyectiles para causar mayor daño.

Asimismo, se documentaron detenciones arbitrarias masivas y selectivas, violencia física durante los arrestos, siembra de evidencia, torturas y malos tratos, incluso violencia sexual y de género dentro de instalaciones de la GNB utilizadas como centros de detención transitoria. “Las torturas, malos tratos y actos de violencia sexual que hemos verificado –incluyendo agresiones y violaciones – no fueron incidentes aislados. Forman parte de un patrón de abuso utilizado para castigar y doblegar a las víctimas,” señaló Valiñas.

La Misión constató que la GNB fue un actor central en la comisión del crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos. Según datos de la sociedad civil, la GNB ejecutó la mayor cantidad de detenciones con fines políticos en 2019 y 2020. La GNB también desempeñó un papel clave en la “Operación Tun Tun” tras las elecciones de 2024, destinada a la captura y criminalización de personas opositoras mediante acusaciones infundadas de terrorismo o incitación al odio.

El informe identifica un patrón de impunidad estructural sostenido por fallas sistemáticas del sistema judicial venezolano poniendo de manifiesto su incapacidad o falta de voluntad para investigar o procesar las violaciones cometidas por la GNB: investigaciones sin avances, paralización procesal prolongada, manipulación de evidencia, obstrucción deliberada por parte de la GNB y concentración de sanciones únicamente en personal de bajo rango.

De acuerdo con la investigación de la Misión, la estructura de mando bajo la cual actuaron los funcionarios involucrados se organizaba del siguiente modo. En el nivel político, la máxima autoridad era Nicolás Maduro, en su calidad de comandante en jefe de la FANB.

En materia de orden público, la conducción operativa correspondía al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, encabezado entonces por el mayor general Néstor Reverol, responsable de impartir las instrucciones operativas dirigidas a los cuerpos de seguridad. Paralelamente, el general en jefe Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa y comandante del CEOFANB, autorizaba y coordinaba el despliegue de unidades militares, incluida la GNB, en apoyo a dichas operaciones, sin ejercer la dirección operativa del control y mantenimiento del orden público346. En este periodo, la Comandancia General de la GNB estaba a cargo del mayor general Elio Ramón Estrada Paredes347, con responsabilidad directa sobre el despliegue de unidades en el Estado de Bolívar y la coordinación con el Ejército para impedir el ingreso de la ayuda humanitaria 276.

La Misión ha identificado la siguiente estructura de mando de la GNB en el contexto de la represión de la protesta en los alrededores del obelisco de Maracay.

Además de su estructura de mando interno, la GNB a nivel estatal forma parte del sistema de las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI) cuando se trata de una operación de orden público. En el contexto del Área de Defensa Integral (ADI), el comandante de la zona 42 de la GNB recibe órdenes de la REDI Central y de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Aragua No. 44. Al mismo tiempo, sigue bajo la cadena de mando interna de la GNB, pero no recibe órdenes de esta sobre la intervención en el contexto de orden público.

La Misión ha podido identificar los siguientes funcionarios que formaron parte de la cadena de mando bajo la REDI en la intervención de orden público el 29 y 30 de julio de 2024:

-Orlando Ramón Romero Bolívar, general de división de Ejército, comandante de la REDI Central hasta el 16 de octubre de 2024 con jurisdicción sobre los Estados de Aragua, Carabobo y Yaracuy.

El comandante de la REDI es designado por el presidente de la República y ejerce el mando directo sobre todas las unidades asignadas a la REDI y los otros órganos operativos y administrativos funcionales que le sean asignados para el cumplimiento de su misión.

Ángel Daniel Balestrini Jaramillo, general de división de Ejército, comandante de la ZODI Aragua No. 44, que está dentro de la REDI Central y con jurisdicción sobre el Estado de Aragua. El comandante de la ZODI es designado por el presidente de la República en su función de comandante en jefe de la FANB. El 27 de noviembre de 2024, Balestrini Jaramillo también fue sancionado junto con 20 otros oficiales de seguridad por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, en cumplimiento de la orden ejecutiva 13692, por haber apoyado y cumplido las órdenes de Nicolás Maduro de reprimir a la sociedad civil en el contexto de protestas postelectorales.

La Misión estima que existen motivos razonables para creer que funcionarios de la GNB, así como altos mandos militares y políticos podrían ser penalmente responsables en virtud de los artículos 25 y 28 del Estatuto de Roma, tanto como autores y coautores directos o indirectos como por responsabilidad de mando. “La Misión tiene motivos razonables para creer que funcionarios de la GNB han realizado contribuciones esenciales en los delitos investigados entre los que se incluyen: detenciones arbitrarias, tortura y malos tratos, violencia de género y persecución”, dijo Valiñas.

“La persistencia de estos crímenes y la ausencia de justicia adecuada requieren una respuesta contundente de los mecanismos nacionales e internacionales de rendición de cuentas,” subrayó Valiñas.