–La Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuraduría Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, instaló la primera mesa interinstitucional con el propósito de examinar de manera anticipada los impactos jurídicos, económicos, contractuales y sociales derivados del proyecto de decreto que establece el tope general del valor de la Vivienda de Interés Social (VIS) y la Vivienda de Interés Prioritario (VIP), así como la propuesta de fijar su precio en pesos colombianos.

La mesa contó con la participación del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, como entidad rectora de la política pública de vivienda; del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), el Departamento Nacional de Planeación y los gremios del sector: Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas) y Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria).

Durante la sesión, la Procuraduría reiteró la importancia de garantizar la seguridad jurídica de los proyectos en curso, la estabilidad contractual del sector, la coherencia con la jerarquía normativa vigente y la sostenibilidad financiera del sistema de vivienda, así como la protección efectiva de los hogares beneficiarios de programas VIS y VIP.

En desarrollo de la función preventiva, se acordó avanzar en mesas técnicas especializadas que permitan profundizar el análisis y evaluar alternativas regulatorias con sustento técnico y legal suficiente, evitando eventuales riesgos jurídicos, económicos o sociales que puedan afectar el interés general.

La Procuraduría General de la Nación continuará realizando seguimiento a este proceso regulatorio, con el propósito de garantizar decisiones ajustadas a la Constitución y la ley, preservar la seguridad jurídica del sector y actuar en defensa de los derechos de los beneficiarios de vivienda de interés social.