La Fiscalía General de la Nación radicó formalmente este miércoles 8 de abril de 2026 el escrito de acusación contra el excanciller Álvaro Leyva Durán, llamándolo a juicio ante la Corte Suprema de Justicia en Bogotá. La medida responde a su presunta responsabilidad en el delito de prevaricato por acción, derivado de las supuestas irregularidades cometidas al declarar desierta la licitación para la fabricación de pasaportes en 2023, decisión que, según el ente acusador, careció de sustento legal y afectó la administración pública.

Un proceso judicial que escala a la Corte Suprema

Tras meses de investigaciones y una sanción disciplinaria previa, el proceso penal contra el exministro de Relaciones Exteriores entra en su etapa definitiva. El expediente ha sido asignado a la magistrada Blanca Nélida Barreto, de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema, quien será la encargada de dirigir las audiencias. La diligencia de formulación de acusación ya tiene fecha programada para el próximo 23 de abril a las 3:00 p. m.

El núcleo de la acusación se centra en la Resolución 7459 de 2023, mediante la cual Leyva declaró desierto el proceso de licitación LP-001-2023. La Fiscalía sostiene que el supuesto implicado actuó de manera arbitraria al ignorar que el proponente Thomas Greg & Sons cumplía con todos los requisitos técnicos y legales, lo que habría obligado al Estado a enfrentar demandas millonarias y a decretar una urgencia manifiesta para evitar el desabastecimiento del documento de viaje.

Antecedentes y consecuencias legales

Este llamado a juicio se produce después de que la Procuraduría General de la Nación confirmara, en septiembre de 2025, la destitución e inhabilidad de Leyva por 10 años. En el ámbito penal, la justicia busca determinar si el exfuncionario abusó de su poder para favorecer un cambio de modelo de contratación que, hasta la fecha, ha mantenido al país en una transición administrativa compleja.

Es importante recordar que, bajo el principio de presunción de inocencia, el excanciller Leyva mantiene su estatus de no culpable hasta que una sentencia judicial ejecutoriada determine lo contrario. Por su parte, la defensa del exministro ha sostenido en diversas ocasiones que sus decisiones buscaban proteger la libre competencia y evitar monopolios en la expedición de documentos estatales.