–(Imagen ilustrativa). El presidente Gustavo Petro destacó a través de su cuenta en X la suspensión de las licencias de operación a 31 empresas de seguridad, «muchas porque eran fachadas de bandas criminales». La medida fue adoptada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, tras detectar una infiltración criminal de estas empresas.

El jefe del Estado advierte que «no puede haber un estado que arme a los criminales» y reseña que «el paramilitarismo fue armado precisamente por la superintendencia de seguridad cuando les dio permisos legales a sus convivir y 20.000 armas».

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada informó que próximamente ocho empresas más van a ser sancionadas como resultado de investigaciones en curso.

El hecho es que la mayoría, si no la totalidad, de estas empresas de vigilancia fueron creadas por oficiales retirados de las Fuerzas Militares y la Policía.

La lista de las empresas de vigilancia privada que fueron suspendidas o canceladas sus licencias de operación, con su respectiva ciudad de sede, es la siguiente:

1- OL SECURITY GROUP LTDA – BARRAN UILLA CALI
2- 360 GRADOS SEGURIDAD LTDA – BOGOTA CALI MEDELLIN
3- MARSHALL SECURITY MS LTDA – HUILA
4- WS SECURITY INTERNATIONAL LIMITADA – MEDELLIN
5- ISVI LTDA – SUCURSAL CALI
6- SEGURIDAD SECURBEL LTDA – BOGOTA, HUILA
7- SEGURIDAD SARA LTDA – VILLAVICENCIO Y PALMIRA
8- CLOCK SECURITY LTDA – BOGOTA, IBAGUE, NEIVA
9- COLOMBIAN SECURITY PATROL LTDA – CALI
10- VIGILANCIA NACIONAL Y SEGURIDAD (VINALSEG) – BOGOTA D.C.
11- PRETORIAN SECURITY LTDA – VILLAVICENCIO
12- ATENAS SEGURIDAD PRIVADA LTDA – BARRANQUILLA, SINCELEJO,
13- BLINK SEGURIDAD PRIVADA LTDA – SANTAMARTA Y CARTAGENA
14- SEGURIDAD PRIVADA LOST PREVENTION – BARRANQUILLA
15- SEGURIDAD BALAM LTDA – BARRANQUILLA Y LA GUAJIRA
16- MAXIMUS SEGURIDAD PRIVADA LTDA – BOGOTA D.C.
17- VIVIENDO CON SEGURIDAD – BARRANQUILLA
18- PREMIUM SECURITY GUARD – BOGOTÁ D.C.
19- SEGURIDAD GRAN METROPOLIS – BOGOTÁ D.C.
20- DIA D LTDA – BOGOTÁ D.C.
21- COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA AGUILA DE ORO DE COLOMBIA LTDA – BOGOTÁ D.C., MANIZALES, ESPINAL, MEDELLÍN, POPAYÁN, TUNJA , BARRANQUILLA, BUCARAMANGA, MEDELLÍN, CALI, PEREIRA, PASTO, VILLAVICENCIO, LETICIA, SANTA MARTA, CUCUTA Y CARTAGENA
22- LAUCRIS SECURITY LTDA – BOGOTA D.C.
23- HELAM SEGURIDAD LTDA – BOGOTÁ D.C. – IBAGUÉ
24- EMPRESA SEGURIDAD BACKUP COLOMBIA LTD – BOGOTA D.C.
25- JM SECURITY LTDA – BARRANQUILLA, MEDELLÍN,
26- SERVIPORTEL CONSERJES LTDA – NEIVA FLORENCIA
27- SEAP SECURITY LTDA – BOGOTÁ D.C.
28- VIGIL SECURITY LTDA – BOGOTÁ D.C.
29- ACME SECURITY LTDA – BOGOTÁ D.C.
30- EMPRESA PRIVADA PAR SECURITY LTDA – BOGOTÁ D.C
31- COMANDOS SECURITY LTDA – BOGOTÁ D.C.

“Todas las actuaciones se adelantan garantizando el debido proceso, pero bajo una postura firme frente a cualquier irregularidad”, afirmó el jefe del organismo de control del sector, Larry Álvarez Morales. Además señaló que “el patrón identificado muestra empresas que obtienen licencias legales para operar, pero posteriormente ponen personal, armas o recursos al servicio de organizaciones ilegales”.

Igualmente destacó que en el marco de investigaciones judiciales se han detectado armas autorizadas vinculadas a hechos delictivos y personal relacionado con estructuras criminales. Estas prácticas podrían estar asociadas a delitos como el lavado de activos y otras economías ilegales, lo que refuerza la gravedad de los hallazgos.

Estableció que uno de los pilares de esta ofensiva ha sido la articulación con entidades del Estado, especialmente con el sector Defensa y la Fiscalía General de la Nación.

Este trabajo conjunto ha permitido:

• Fortalecer el control de armas en manos de particulares
• Avanzar en investigaciones con impacto judicial
• Mejorar el cruce de información para detectar irregularidades

El superintendente Álvarez destacó que el sector de la vigilancia privada es fundamental para el país, al generar empleo para más de 360.000 familias, y reiteró que la mayoría de las empresas operan dentro de la legalidad.

Sin embargo, advirtió que cualquier empresa que incumpla la ley o sea utilizada como vehículo para actividades ilícitas será sancionada con todo el peso institucional, en el marco de un nuevo enfoque de vigilancia basado en inteligencia, analítica de datos y articulación interinstitucional.