–El presidente Gustavo Petro se reunió con el consejero comisionado de Paz, Otty Patiño, y los delegados del Gobierno para revisar avances y dificultades de los procesos en curso y pese a la negativa de la Fiscal de suspender las ordenes de captura, ordenó avanzar en el proceso de traslado de los cabecillas del ejercito gaitanista del clan del golfo a las zonas de ubicación temporal para adelantar las conversaciones de paz.

«En esta fase inicial no ingresarán personas con órdenes de captura vigentes con fines de extradición», notificó el jefe del Estado, según un comunicado publicado por el consejero comisionado de paz Otty Patiño.

En la reunión sostenida por el presidente Gustavo Petro, en la que participaron también los delegados del Gobierno Nacional para los procesos de paz -Armando Novoa, Carlos Erazo, Gloria Quiceno, Mauricio Silva, Álvaro Jiménez, Isabel Zuleta, Fabio Cardozo, Alexander Castillo y Camilo Pineda-, se rindió un informe sobre los avances, logros y dificultades en el desarrollo de cada uno de los procesos que se adelantan.

En este escenario, precisa el comunicado, se resaltó que la dirección de la Política de Paz y del orden público corresponde de manera exclusiva al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, en concordancia con la Constitución Política de Colombia en su artículo 189, numeral 4° y la Ley 2272 de 2022.

Igualmente señala que en desarrollo de dichas competencias constitucionales y legales, el Presidente de la República autorizó avanzar de manera rápida con el traslado de los integrantes de los grupos armados ilegales a cinco (5) Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), definidas en el marco de los procesos de paz en territorios priorizados. Así mismo, que en la primera fase de implementación de las ZUT, no harán presencia personas respecto de las cuales existan órdenes de captura con fines de extradición vigentes, situación que será objeto de evaluación posterior por parte del Presidente de la República.

«El Gobierno Nacional reitera que la paz es una política de Estado, cuya realización implica la concurrencia de todas las autoridades bajo los principios de colaboración armónica e independencia funcional, tal como lo ordena la Constitución Política de 1991», concluye el comunicado.

En el consejo de ministros realizado la noche de este miércoles, el presidente Gustavo Petro abordó el tema y reafirmo que en la primera fase de implementación de Zonas de Ubicación Temporal no habrá personas con órdenes de captura con fines de extradición.

El primer mandatario aseguró que ordenará a las Fuerzas Armadas cuidar las Zonas de Ubicación hasta que se resuelva la la desmovilización de centenares de los integrantes de la banda criminal del clan del golfo.

El jefe del Estado anunció que la situación de quienes tengan pedidos de extradición vigentes serán “objeto de evaluación posterior por parte del presidente de la República. «¿Por qué? Porque la Ley 2272 (de 2022) faculta al presidente a suspender órdenes de extradición si el proceso de paz es avanzado», precisó el mandatario.

Informó que este tema ya es materia de discusión con el gobierno de Estados Unidos, al cual se le propuso una mesa para abordar el tema.

Al respecto, el presidente Gustavo Petro anotó:

“Le pregunté a una persona que goza de representación diplomática del gobierno de Estados Unidos en Colombia, si desmantelar una economía ilícita en un territorio concreto, sur de Nariño, Putumayo o Catatumbo, era mejor que extraditar al responsable que hubiese de tráfico en ese territorio al frente de una organización GAO, como se denomina por la ley, Grupo Armado Organizado. Inmediatamente se me dijo: la extradición».

Ante esto, aseguró, “creo que es el desmantelamiento de la economía ilícita», pero dejó claro que “esa discusión está abierta en la relación con el gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya se hizo en el gobierno de (Juan Manuel) Santos», cuando “se suspendieron órdenes de extradición a cambio de la desmovilización de 16 mil combatientes de la Farc en ese entonces».

“En mi opinión, y lo dije en debate en el Congreso de la República, el sabotaje a ese proceso comenzó cuando se hizo una trampa para sacar a uno de los firmantes del proceso como un narco después de la firma del proceso de paz. Trama, porque ese fue mi último debate en el Senado», añadió.

En este sentido, enfatizó que a partir de ese momento creció la violencia en el país, porque “hicieron trizas la paz, aunque muchos combatientes que firmaron, hoy excombatientes, han aceptado las condiciones en las que están, con un proceso de paz golpeado por el mismo Estado de Colombia».

“Después todo eso se rompió, la palabra se incumplió. Partes de esas que hoy llaman disidencias no firmaron el acuerdo con Santos. Y continúa el conflicto», acusó.

Al referirse a los procesos que se adelantan, aclaró que este Gobierno lo está haciendo por otra vía, “que no tiene que ver con una alianza con el narcoterrorismo, como intentan hacer ver los procesos de negociaciones de paz, que siempre, en todas sus reuniones, están vistos con garantía, con una supervisión, si se quiere, de gobiernos extranjeros».

Con base en lo anterior, dijo que las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) “en esas zonas de erradicación de economías ilícitas, se ubican, como se ha determinado, y la orden que daré, por escrito, es que la Fuerza Armada de Colombia cuida hasta que se resuelva la desmovilización y salida de la violencia hoy de centenares de combatientes que entrarán, y seguramente próximos gobiernos, miles, en el próximo, porque esto no va para más allá, miles para salir de la violencia».

“No solo en GAO, sino en bandas urbanas, en sitios de alta violencia urbana en Colombia: Barranquilla, Quibdó, Buenaventura, espero, Tibú, y yo creo que Medellín, que hay que reactivar muy bien, porque ha tenido éxito, y esperamos Cali, Palmira, Jamundí, Bogotá, Puerto Tejada es una de las regiones que es una cosa inédita, vamos a aprender mucho de la paz urbana, pero de la paz rural sí que hemos aprendido mucho y se va a aplicar la ley y la Constitución», anotó.

Y enfatizó que se harán “por competencia del Presidente de Colombia, y esas competencias no se quitan por ningún otro poder público, a menos que el mandato de la Constituyente lo haya ejercido en el 91 e hizo lo contrario, u otro Constituyente lo haga que no es más que el pueblo colombiano en el futuro».