Este martes, el terror se apoderó del norte de Bogotá cuando presuntos sicarios a bordo de una motocicleta asesinaron a tiros a José Víctor Rojas González, un reconocido comerciante del sector cárnico. El ataque armado, ocurrido en el barrio Ciudad Jardín de la localidad de Suba, sería el más reciente capítulo de una brutal disputa entre una misma familia de carniceros oriunda de Santander, originada, supuestamente, por el control de millonarias sumas de dinero vinculadas a seguros familiares y rentas del negocio.

Aunque los primeros reportes de algunas emisoras indicaban una cifra menor de víctimas en este conflicto, investigaciones recientes del diario El Tiempo han revelado que la trágica cifra asciende ya a cinco presuntos miembros de esta misma familia que han sido asesinados. Esta encarnizada guerra interna, que inicialmente sembró el caos en los departamentos de Santander y Sucre, parece haberse trasladado de lleno a la capital colombiana, dejando una preocupante estela de muerte a plena luz del día.

En el caso del más reciente homicidio, fuentes cercanas a la investigación señalaron que Rojas González contaba con un esquema privado de seguridad e incluso vestía un chaleco antibalas en el momento del atentado, medidas preventivas que no fueron suficientes para esquivar las balas. Este nivel de protección refleja el temor inminente que vivía el comerciante. Cabe recordar que en abril pasado, otro aparente integrante del núcleo familiar, Yahir Ruiz Rojas, sobrevivió a un atentado similar en el barrio Barrancas (Usaquén) en el que también se valió de un chaleco balístico y un arma de fuego propia para defenderse.

La escalada de violencia en torno a estos poderosos empresarios de la carne lleva años gestándose. Los registros evidencian que entre 2023 y 2024, otros familiares como Carlos Julio y Mauricio Rojas González fueron acribillados por supuestos asesinos a sueldo en diferentes sectores de la ciudad, como el barrio Normandía. Mientras la zozobra crece entre los habitantes y el gremio de comerciantes, las autoridades distritales enfrentan el reto de desarticular la red sicarial responsable y frenar este aparente exterminio familiar.