–(Imagen ilustrativa). En desarrollo de una misión humanitaria con acompañamiento del cuerpo de Bomberos; la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, MAPP-OEA; la Misión de Verificación de la ONU, el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, la Gobernación del Guaviare y la Alcaldía de San José de Guaviare, se logró la recuperación y gestión digna de los cuerpos de 48 personas, al parecer de integrantes de las disidencias de las Farc, muertos en los enfrentamientos entre las bandas criminales de alias Iván Mordisco y alias Calarcá, según lo reportó este viernes la Defensora del Pueblo, Iris Marín.

La identificación plena de los cuerpos y la determinación de las circunstancias de lo ocurrido continúan siendo materia de verificación por parte de las autoridades competentes, subrayó la jefe del organismo de control humanitario en un comunicado.

La Defensora del Pueblo resalta que «debido al aislamiento y la falta de presencia institucional y control territorial de nuestras autoridades, las comunidades debieron lidiar solas, por dos días, con cuerpos apilados, en una escena desoladora y espeluznante, que nos reta humanamente».

La funcionaria hizo un reconocimiento a las comunidades que fueron las primeras en responder ante esta situación y quienes, en medio de las dificultades derivadas de la confrontación armada, contribuyeron a la recuperación y resguardo de los cuerpos hasta la llegada de las instituciones.

No obstante, advierte que ninguna comunidad debe verse expuesta a asumir este tipo de labores ni a los riesgos asociados a las hostilidades. La protección de la población civil es una obligación que debe ser garantizada por todos los actores y autoridades competentes.

La Defensoría afirma que este grave hecho de violencia refleja la profundización de la confrontación armada que ha venido advirtiendo desde comienzos de 2025. «La disputa por el control territorial, los corredores estratégicos y las economías ilícitas ha intensificado las hostilidades y agravado la crisis humanitaria en los departamentos de Guaviare, Caquetá y Amazonas», subraya.

Afirma que las consecuencias de esta dinámica recaen principalmente sobre la población civil. Comunidades indígenas, campesinas y rurales enfrentan amenazas, restricciones a la movilidad, controles sobre las comunicaciones, imposición de normas de comportamiento y señalamientos por parte de grupos armados organizados, como los hechos recientemente registrados en Caquetá. Estas prácticas afectan el ejercicio de derechos fundamentales y aumentan la vulnerabilidad de las comunidades que habitan estos territorios.

Recuerda que en la Alerta Temprana 001 de 2025 advertió que la ruptura entre las disidencias de la línea de alias Mordisco y las de la línea de alias Calarcá – Córdoba estaba generando una nueva fase de confrontación armada en el sur del país, caracterizada por la disputa de corredores estratégicos, el control territorial, las economías ilegales y la expansión de estructuras armadas en departamentos como Guaviare, Caquetá y Amazonas.

La Defensora hace un llamado «urgente a ambas estructuras armadas a excluir a la población civil de las hostilidades y adoptar las medidas necesarias para evitar que esta confrontación siga generando riesgos para las comunidades de Guaviare, Caquetá y Amazonas».

Además, les pide abstenerse de realizar señalamientos contra la población civil, restringir la movilidad o desarrollar cualquier práctica que comprometa los derechos de la población.

Igualmente solicita al Gobierno nacional, a las autoridades territoriales y a las entidades competentes, fortalecer las medidas de prevención, protección y atención humanitaria para las comunidades afectadas, así como a adoptar acciones urgentes para evitar una mayor profundización de la crisis humanitaria en Guaviare, Caquetá y Amazonas.