–Durante audiencias promovidas por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, 123 exintegrantes de las Farc fueron confrontados por los familiares de campesinos que fueron asesinados y desaparecidos en desarrollo del conflicto armado. Según lo advirtió la JEP, «se trata de crímenes tan graves que no pueden recibir perdón judicial».

En total 354 víctimas presentaron observaciones a las confesiones que hicieron los procesados por Las víctimas, sobre atrocidades como la masacre de 34 campesinos que recolectaban hoja de coca en La Gabarra, Tibú, Norte de Santander; la masacre de funcionarios judiciales en Usme, Bogotá, y la masacre de la familia Turbay Cote en Puerto Rico, Caquetá.

Las víctimas reaccionaron a las versiones que rindieron ante la JEP los comparecientes de los bloques Noroccidental, Magdalena Medio, Caribe, Sur, Oriental y Comando Conjunto Central de las extintas Farc. Lo hicieron en audiencias públicas virtuales y presenciales convocadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad, encargada de la investigación, en diferentes partes del país.

Estas observaciones serán claves para contrastar la información entregada por los comparecientes, determinar la dimensión del daño causado y establecer quiénes son los máximos responsables de los crímenes más graves y representativos cometidos por la antigua guerrilla y que son investigados en el Caso 10.

Fueron 45 jornadas en las que las víctimas fueron escuchadas por los despachos de las magistradas Marcela Giraldo Muñoz y Julieta Lemaitre Ripoll, relatoras del Caso 10 de la JEP, en el que están acreditadas 4.062 víctimas. En este proceso, se investigan los crímenes más graves y representativos cometidos por la extinta guerrilla como desapariciones forzadas, masacres, homicidios y desplazamientos forzados. Se trata de crímenes tan graves que no pueden recibir perdón judicial.

Las víctimas narraron lo que sufrieron y también presentaron demandas de verdad y de reconocimiento a los comparecientes de la extinta guerrilla. Entre otras, pidieron conocer el paradero de las personas dadas por desaparecidas, las motivaciones que llevaron a la materialización de los crímenes, quiénes dieron las órdenes y por qué en sus casos no se tomaron acciones efectivas para garantizar sus derechos como personas fuera de combate.

Asimismo, los y las sobrevivientes de la guerra que participaron en estas audiencias pidieron, entre otras, que los comparecientes reconozcan que los hechos efectivamente ocurrieron, que controlaban territorios en algunos lugares, que causaron daños y dolor en las familias, y que las extintas Farc-EP, en muchas ocasiones, actuaron de manera indiscriminada, lo que causó afectaciones a personas no involucradas en el conflicto y a objetos civiles. También les piden que reconozcan la imposición de castigos y represalias para quienes no cumplieron sus órdenes, y lo que sufrió la población al ser estigmatizada como colaboradora de la fuerza pública o los paramilitares por hechos tan simples como venderles productos o prestarles algún servicio.

Estas observaciones hacen parte de las reacciones de las víctimas frente a las versiones que rindieron ante la JEP comparecientes de los bloques Noroccidental, Magdalena Medio, Caribe, Sur, Oriental y Comando Conjunto Central de las extintas Farc–EP.

La JEP realizó estas audiencias de observaciones de víctimas en distintos lugares del país como Bogotá, Ibagué (Tolima), California (Santander), Medellín (Antioquia), San Carlos (Antioquia), Jardín (Antioquia), Villavicencio (Meta), y Florencia (Caquetá).

Con el fin de garantizar la participación de las víctimas, incluidas las que indicaron tener problemas de seguridad, la JEP dispuso espacios presenciales o virtuales. Además, la Sala de Reconocimiento de Verdad ha recibido 14 observaciones escritas por parte de las víctimas y de la Procuraduría.

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Demandas de verdad de las víctimas
En cada una de las sesiones convocadas por la JEP también hubo espacio para recordar a quienes perdieron la vida en el conflicto. Las víctimas trajeron a la memoria a sus seres queridos a través de sus relatos, fotos, velas, flores, pancartas y otros objetos personales. Estos momentos fueron significativos para expresar el profundo dolor experimentado.

En medio de la audiencia de observación del Bloque Noroccidental, Roger Daniel George relató que, siendo un niño, presenció el asesinato de su madre, en agosto de 2008: “Hoy estoy acá públicamente, mostrando mi rostro, porque ya no quiero tener miedo. Yo no tuve una infancia libre, siempre estuvo el miedo. Se llevaron a mi mamá de mi casa, yo salí corriendo. Escuché tiros. Me arrebataron mi infancia, me dañaron mi vida, destruyeron una familia”.

Nancy Vargas Ávila se refirió a sus hermanas Alexandra y Martha Cecilia, quienes fueron asesinadas y desaparecidas por antiguos integrantes del Bloque Caribe de las extintas Farc-EP, en octubre de 1988. Indicó que a sus dos hermanas se las llevaron encañonadas de la casa de la abuela con el pretexto de asistir a reunión en un colegio. Hoy, el paradero de sus cuerpos es desconocido. «Me gustaría que la JEP hiciera una articulación con la Unidad de Búsqueda (…) Nosotros queremos la verdad y que se trabaje con los grupos que ellos tienen que están colaborando para poder encontrar los cuerpos y que nos entreguen a nuestras hermanas para tener un duelo como debe ser (…) Cuando se entregan los cuerpos, hay un descanso como familia y, al menos, se dignifica la memoria de las víctimas», dijo. Cerró su intervención indicando que nombraba a sus hermanas “no solo para recordarlas, sino para exigir que este país no olvide a las víctimas».

En la audiencia de observaciones del Bloque Magdalena Medio, Gabriel Francisco Acosta Sierra relató cómo presenció la masacre de 34 recolectores de coca en junio de 2004: “ellos comenzaron a disparar a la gente que había ahí (…) las mujeres las dejaron para que contaran la historia (…) nos trataron de paramilitares, pero éramos solo personas campesinas (…) los que estábamos ahí éramos puras personas campesinas, no había ninguna persona mala como ellos decían”.

Ángela María Ballesteros Sarmiento, madre de la personera de Roncesvalles, Ángela Yesenia Bríñez Ballesteros, exigió conocer “toda la verdad acerca de su asesinato”. El hecho ocurrió el 11 de julio de 2002, en el municipio de Roncesvalles, Tolima. Fue perpetrado por hombres del antiguo Comando Conjunto Central, quienes ya aceptaron ser responsables del crimen. Ballesteros también aseguró que «perdonar no es olvidar el daño, es recordarlo sin odio ni rencor, es activar la memoria histórica de manera pacífica, sin lastimar ni lastimarte”. En medio de la audiencia, también rezó para poder continuar su relato: “Dios mío, dale descanso a mi mente y a mi corazón. Fortalece mi espíritu, oh Señor”. Y, entre lágrimas, dijo que fue muy duro haber perdido a su hija, pues “era mi única hijita mujer, mi amiga, mi confidente. Era la mayor de mis tres hijos. Entonces me ha dolido mucho, pero he aprendido a sobrevivir y de la manito de Dios, ahí vamos».

En otra jornada de audiencia, Magda Cristina Romero Gutiérrez reaccionó a lo dicho por los comparecientes del Bloque Oriental. En sus demandas de verdad, pidió saber cuál fue el motivo por el cual, el 26 de noviembre de 1991, en la localidad de Usme (Bogotá), su padre, Héctor Romero Camelo, fue asesinado. Romero murió en medio de un atentado con explosivos, presuntamente perpetrado por las extintas Farc-EP, cuando una comisión judicial del Juzgado 75 de Instrucción Criminal se dirigía a la vereda La Unión para realizar el levantamiento de un cuerpo. “¿Por qué ordenar una masacre como fue la de ellos? ¿Cuál fue el motivo? ¿Quién dio la orden?”, preguntó Romero. En esa masacre murieron por lo menos ocho funcionarios judiciales.

Por su parte, Pedro León Ocasiones habló del asesinato de su hermano de Rafael Ocasiones Llanos, en medio de la masacre contra la familia Turbay Cote, ocurrida el 29 de diciembre del año 2000, en Puerto Rico, Caquetá. Ocasiones era conductor de confianza de la familia Turbay y murió en el ataque ejecutado por integrantes de la Columna Móvil Teófilo Forero y del Frente 15 de las extintas Farc-EP. Pedro León denunció que, tras el homicidio, su familia fue amenazada, perseguida y tuvieron que desplazarse de forma forzosa. Hoy pide a los comparecientes de la antigua guerrilla que den más información sobre la posible participación de terceros en la masacre y que digan quién dio la orden directa de ejecutar este hecho.

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¿Qué pasará con las observaciones de víctimas?
Las observaciones de las víctimas serán claves para contrastar la información y los aportes de verdad que entregaron los comparecientes de las Farc-EP ante la JEP. Lo dicho por las víctimas también se entregará a los firmantes del Acuerdo Final de Paz para que puedan ampliar sus declaraciones respecto a hechos específicos, como qué pasó con las personas que aún están desaparecidas.

Asimismo, las observaciones de las víctimas serán tenidas en cuenta para establecer en las imputaciones del Caso 10 quiénes son los máximos responsables de crímenes más graves cometidos por las extintas Farc-EP y determinar la dimensión del daño causado.