–A través de su cuenta en X, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, confirmó que este jueves la Fiscalía Tercera le notificó el llamado a indagatoria «por el tema del Aro, La Granja, José María Valle y Guacharacas» y se lamentó: «A enfrentar este suplicio a pocas horas de elecciones».

El exmandatario afirma en su nota que «la señora Fiscal, ex integrante de la JEP, donde hasta poco trabajó la señora de Iván Cepeda, que me llama a indagatoria, no ha recibido una sola declaración mía, de una vez me lleva al proceso para condenarme. Injusticia de clara presión política».

Las masacres en los corregimientos de El Aro y La Granja, fueron ejecutadas por grupos paramilitares en los años 1996 y 1997, cuando el exmandatario se desempeñaba como gobernador de Antioquia.

Al proceso se suma el asesinato del abogado y defensor de derechos humano Jesús María Valle.

En El Aro un grupo de aproximadamente 150 paramilitares torturó y asesinó a 12 personas, a las cuales los paracos acusaron de ser colaboradores de los grupos guerrilleros.

Según lo reseña Rutas del Conflicto, desde el 22 hasta el 31 de octubre de 1997, un grupo de aproximadamente 150 paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). Rubén Dario Pinilla, quien para entonces era presidente de la Sala Penal de Justicia, aseguró que el alcalde de Ituango, José Milagros López advirtió sobre la masacre a la Gobernación de Antioquia y a la IV Brigada del Ejército. Sin embargo, no se tomaron acciones para evitarla. Además, la población denunció que durante y después de la masacre estuvo totalmente desprotegida por la Fuerza Pública.

“La alianza que hubo entre paramilitares, militares y autoridades civiles es una cuestión que está fuera de toda duda, eso fue un acto coordinado con Estado y ejecutado en asociación con autoridades civiles, fuerza pública y paramilitares”, afirmó Pinilla.

Por este caso, la justicia colombiana condenó en su ausencia a 40 años de prisión a Carlos Castaño y a Salvatore Mancuso, por considerarlos como los determinadores o autores materiales ya que planearon la masacre en una finca ubicada en zona rural del municipio de Tarazá, Bajo Cauca antioqueño. Sin embargo, debido a la desmovilización negociada con el gobierno de Uribe entre 2004 y 2008, su sentencia actual es de ocho años.

En 2014, el Tribunal Superior de Medellín abrió una investigación penal contra Álvaro Uribe Vélez por posibles vínculos con el paramilitarismo pero el caso no tuvo ningún avance. El 31 de mayo de 2018, en el curso de la indagación previa contra Uribe, la Corte Suprema de Justicia declaró de lesa humanidad el asesinato de Jesús Maria Valle y las masacres de La Granja, El Aro y San Roque en el municipio de Ituango. Esto significa que los hechos punibles no tienen caducidad de tiempo para ser investigados y juzgados.

En el corregimiento de La Granja, también del municipio de Ituango, alrededor de 30 integrantes de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, Accu, asesinaron a cinco personas el 11 de junio de 1996.

Los paramilitares recorrieron el casco urbano del caserío, cerraron los establecimientos, sacaron a los habitantes a las calles, los acusaron de ser supuestos auxiliadores de la guerrilla y los torturaron y asesinaron delante de sus vecinos y familiares. Según las investigaciones de la Fiscalía, estas personas no tenían nexos con la subversión.

Las víctimas eran campesinos y algunas eran líderes sindicales. A causa de este hecho y de la masacre de El Aro, ocurrida un año después en esta misma región, se desplazaron más de 700 personas. Según investigaciones de la Fiscalía, un grupo de comerciantes y ganaderos, víctimas de las continuas extorsiones y amenazas de las Farc, ofrecieron 300 millones de pesos a los ‘paras’ para cometer la masacre.

La hacienda Guacharacas, ubicada entre los municipios de Yolombó y San Roque, en Antioquia, fue propiedad de la familia Uribe Vélez. En junio de 1983, hombres armados (señalados como miembros de las Farc) llegaron a la finca y asesinaron a Alberto Uribe Sierra, padre del expresidente Álvaro Uribe, dejando gravemente herido a su hijo Santiago.

En 1996, la familia Uribe vendió las 2.000 hectáreas a los hermanos Santiago y Pedro Gallón. Posteriormente, la finca volvió a ser noticia por denuncias sobre el supuesto uso de la propiedad para la extracción ilegal de hidrocarburos de los oleoductos de Ecopetrol y el financiamiento de grupos paramilitares.

En lo que respecta al defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, fue asesinado el 27 de febrero de 1998 en su oficina de abogado penalista, ubicada en el centro de la ciudad de Medellín, Antioquia, por un comando paramilitar.

Según el Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos GIDH, entre 1994 y 1998 el crimen se atribuyó a que en múltiples oportunidades Jesús María Valle había formulado denuncias públicas sobre acciones contra-guerrilleras conjuntas de tropas adscritas a la IV Brigada y grupos paramilitares en Ituango, y sobre las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Rural (Convivir) que se habían convertido en violentos y bien armados grupos paramilitares al servicio de la antisubversión y el narcotráfico.

Jesús María Valle presentó esas denuncias también ante los entonces comandantes de la IV Brigada del Ejército con sede en Medellín, Generales Alfonso Manosalva y Carlos Alberto Ospina Ovalle -quien hasta mediados del año pasado fue el Comandante General de las Fuerzas Armadas de Colombia- y ante el entonces Gobernador del Departamento de Antioquia y después Presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez.

GIDH afirmó que a Jesús María lo asesinaron los paramilitares y el Estado de Colombia, por ser quien era. Por su vital compromiso con la defensa de los Derechos Humanos y la Justicia, por su solidaridad con los desplazados y por su opción por los humildes. (Con información de Rutas del Conflicto y GIDH).