El gobierno del presidente Gustavo Petro ordenó este viernes que todas las respuestas oficiales emitidas por los distintos ministerios y entidades estatales sean revisadas previamente por la Presidencia de la República en Colombia. Esta medida busca unificar el flujo de información y garantizar la «coherencia, integridad y consistencia» de los documentos institucionales que están siendo solicitados de cara al cambio de administración nacional.

La directriz quedó establecida a través de una circular oficial firmada por la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Nhora Yhanet Mondragón, en conjunto con el ministro de Hacienda, Germán Ávila. El documento establece un protocolo estricto en el cual las carteras ministeriales y demás dependencias tienen la obligación de enviar al DAPRE tanto la solicitud original recibida como el proyecto de respuesta. Solo tras superar este filtro de revisión, los documentos podrán ser aprobados, firmados y remitidos a sus destinatarios.

Este movimiento estratégico del Ejecutivo se produce tras la reciente suspensión del empalme nacional, un escenario que ha generado tensión y expectativa política. La instrucción está dirigida principalmente a gestionar de manera controlada las múltiples solicitudes de información que viene presentando el comité de transición del gobierno electo de Abelardo de la Espriella. Al centralizar las comunicaciones, la actual administración busca evitar inconsistencias en las cifras y en los balances entregados por cada sector.

La normativa no solo afecta las peticiones del nuevo equipo presidencial, sino que se hace extensiva a las solicitudes presentadas por organizaciones políticas de oposición y congresistas. En este sentido, la circular es enfática al advertir a las entidades que no podrán aplazar, dilatar ni rechazar las respuestas a los legisladores bajo el argumento de que los datos requeridos formarán parte integral de los informes definitivos de empalme, protegiendo así el derecho fundamental al acceso a la información pública.

Finalmente, en un intento por blindar jurídicamente el proceso y enviar un mensaje de transparencia frente a los presuntos obstáculos en la transición, el Gobierno nacional reiteró que los órganos de control están al tanto de la situación. La circular menciona explícitamente que tanto la Procuraduría General de la Nación como la Contraloría General de la República han sido invitadas a acompañar y vigilar de cerca el desarrollo de este cruce de información institucional.