El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, ordenó una revisión exhaustiva de todos los contratos públicos del Gobierno nacional durante la noche de este sábado. La decisión fue anunciada tras finalizar un extenso Consejo de Ministros en la ciudad de Barranquilla, con el objetivo primordial de erradicar supuestos entramados de corrupción y desmontar las llamadas «roscas» que presuntamente han acaparado los recursos del Estado.

La medida, descrita como una directriz de cero tolerancia hacia el favoritismo, abarcará ministerios, departamentos administrativos, empresas industriales y sociedades de economía mixta. Según detalló el mandatario, el equipo gubernamental construirá un mapa de concentración contractual para identificar a los proveedores que han firmado acuerdos de manera recurrente durante los últimos años. Este análisis rastreará los montos adjudicados, las modalidades de selección utilizadas y el impacto real de dichos negocios, bajo la premisa presidencial de que «el Estado no tiene dueños».

Dentro de los elementos que busca auditar esta iniciativa, se pondrá una lupa especial sobre los millonarios contratos de prestación de servicios, interventorías, logística y eventos. Particularmente, el presidente anunció que se revisará con rigor la contratación de abogados externos y liquidadores, sectores donde podrían existir posibles intermediaciones injustificadas o sobrecostos. Para garantizar la transparencia en estos últimos, el Gobierno implementará un modelo de sorteos abiertos que democratice la participación de los profesionales sin necesidad de recurrir a contactos privilegiados ni actividades de cabildeo.

Además del ámbito puramente contractual, la instrucción contempla una evaluación integral de la estructura del Estado para detectar duplicidad de funciones y burocracia ineficiente. La meta es identificar dependencias, programas u organismos que compiten por las mismas competencias para proceder con su eventual fusión o supresión. De este modo, la administración central busca reducir significativamente los gastos de funcionamiento, simplificar trámites y crear ventanillas únicas, argumentando que el país necesita un Estado que funcione mejor, no uno más grande.

Finalmente, el Gobierno advirtió que cualquier indicio de irregularidad descubierto durante este barrido nacional será puesto a disposición de la justicia. Los casos donde se evidencie una concentración sospechosa o un supuesto favorecimiento a particulares serán trasladados inmediatamente a los entes de control, respetando el debido proceso pero exigiendo celeridad. Con estas acciones, el Ejecutivo busca enviar un mensaje claro: las reglas de competencia deberán aplicarse a todos por igual, combatiendo frontalmente a quienes presuntamente se hayan lucrado de forma indebida con el presupuesto de la nación.