–(Imagen ilustrativa). América Latina es la región más peligrosa del mundo para los defensores de la tierra y el medio ambiente, según un nuevo informe del grupo británico de defensa de los derechos civiles Global Witness. La región latinoamericana sumó el 85% de los 124 homicidios globales de activistas ambientales en 2025, impulsados por disputas territoriales, proyectos extractivos y vínculos con el crimen organizado.

Colombia ocupa nuevamente el primer lugar global con 39 asesinatos de defensores del ambiente y la tierra registrados en 2025. Casi la mitad de las víctimas en el país pertenecían a pueblos indígenas o eran pequeños campesinos. El departamento del Cauca concentra la mayor cantidad de casos (13 asesinatos en 2025), impulsado por disputas territoriales y narcocultivos.

Con algo menos de un tercio de los ataques mortales que documentamos a nivel mundial en 2025, Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos para quienes defienden el planeta. La ONG afirma que logró confirmar 39 asesinatos de personas defensoras en 2025, lo que supone un descenso respecto a los 48 registrados el año anterior.

La ONG destaca, sin embargo, que sus datos muestran tendencias claras tanto en lo que respecta a los grupos de personas defensoras que fueron objeto de ataques como a las personas responsables de ellos. Casi la mitad de las personas asesinadas eran indígenas, y otras 15 eran campesinas. Como reflejo de ello, 35 de las 39 muertes estuvieron relacionadas con conflictos por la tierra.

Establece que 17 de las muertes presuntamente fueron obra del crimen organizado, y otras 5 por asesinos a sueldo.

El epicentro de esta violencia es el departamento del Cauca, donde, afirma, registró 13 asesinatos en 2025, entre ellos los de 4 guardias indígenas. Con esto, el número total de casos que llevamos registrados en el Cauca desde 2012 asciende a 171, la cifra más alta de todos los departamentos.

Reseña que debido a su ubicación estratégica cerca de la frontera con Ecuador y a su acceso a las rutas de exportación hacia el Pacífico, el Cauca se ha convertido en un corredor clave en el tráfico de cocaína. El cultivo de coca se quintuplicó en la última década, en un contexto de creciente influencia tanto de los grupos armados colombianos como de los cárteles mexicanos.

Estos agentes, subraya, junto con otras actividades económicas ilícitas, como la minería ilegal, están provocando la degradación de los bosques y los cursos de agua del Cauca.

Otras zonas ricas en biodiversidad sufren presiones similares, como Nariño y Putumayo, departamentos del sur donde documentamos tres asesinatos en cada uno, añade.

Afirma que la minería ilegal y el cultivo de coca son factores clave que impulsan la violencia y la degradación ambiental en ambos departamentos, ya que proporcionan financiación a los grupos armados, provocan el desplazamiento de comunidades y contaminan ríos y cursos de agua.

Frente a esta situación, indica que, como parte de sus esfuerzos por combatir esta violencia, el Gobierno colombiano debería firmar y aplicar la Política Pública Integral de Garantías para la Labor de Defensa de los Derechos Humanos, un marco impulsado por la sociedad civil cuyo objetivo es establecer un enfoque integral preventivo para la protección de quienes defienden el ambiente y los derechos humanos.

Hallazgos globales

En 2025, al menos 124?personas defensoras del ambiente y el territorio fueron asesinadas por proteger sus tierras y sus medios de vida frente a la destrucción.

Con esta cifra, el número total de asesinatos y desapariciones documentados por Global?Witness desde que inició esta labor en 2012 asciende a 2 mil 375.

La ENG afirma que cada una de estas muertes supone un intento, de la forma más brutal, de intimidar a los movimientos que se oponen a las violaciones de los derechos humanos y ambientales. En este informe recordamos a las familias, amistades y comunidades que han quedado devastadas tras cada uno de estos ataques.

«Nuestros datos – subraya– no constituyen una mera recopilación de los nombres de las personas defensoras asesinadas o desaparecidas, sino que también contribuyen a sacar a la luz las causas de fondo de la violencia. Detectar estas tendencias y hacer frente a los factores que las generan es esencial para que las personas defensoras puedan reclamar sus derechos a la tierra y a un ambiente limpio sin poner en peligro su vida.

En 2025, Witness verificó el asesinato de 124?personas defensoras del ambiente y el territorio. Esto supone un descenso con respecto a 2024, año en el que documentamos 142?asesinatos y 4?desapariciones. Ese total supuso, a su vez, un descenso con respecto a 2023, cuando registramos 196?asesinatos.

A primera vista, estas cifras podrían indicar una tendencia positiva a la baja, pero, en realidad, es probable que sean una subestimación considerable, ya que una gran cantidad de casos no se denuncian, advierte.

Añade que esto es habitual en situaciones de conflicto armado grave y genocidio, en las que la inseguridad generalizada y los asesinatos en masa dificultan la identificación y la verificación de los casos individuales.

La investigación también resulta complicada en contextos de represión, en los que las víctimas y los grupos de la sociedad civil sufren represalias por denunciar y documentar los abusos, algo que ocurre, en particular, en África y Asia, pero también, cada vez más, en América?Latina.

De los?15 países en los que documentamos asesinatos, 10 fueron clasificados como «represivos» por el observatorio de libertades cívicas CIVICUS Monitor. El espacio cívico de Nicaragua, por ejemplo, se clasificó como «cerrado», la categoría más represiva de la clasificación de CIVICUS, como reflejo de las dificultades para acceder a los datos en lugares controlados por regímenes altamente represivos.

La ONG resalta que los asesinatos son solo la forma más extrema de represalia que enfrentan las personas defensoras. Bajo ellos se esconde un «iceberg oculto» de agresiones no letales —entre las que figuran la criminalización, las amenazas y las campañas de desprestigio—, tal como lo describe la red ALLIED para la observación de los derechos humanos.

Señala que cada vez más, las redes sociales se instrumentalizan para desacreditar y acosar a las personas defensoras, lo que socava la confianza pública y aísla a este colectivo de sus comunidades.

Esta diversificación de las estrategias represivas, que comparten el mismo objetivo de intimidar y silenciar a las personas defensoras, podría también explicar, en parte, la disminución del número de asesinatos que se observa en nuestros datos.