La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) demostró este sábado en Bogotá que su gestión financiera es completamente transparente, luego de que siete auditorías de la Contraloría y catorce informes de la Procuraduría no hallaran ninguna evidencia de corrupción. Este contundente pronunciamiento institucional se da con el propósito de responder y desmentir las recientes polémicas generadas por las acusaciones de algunos sectores políticos sobre presuntos sobrecostos en los viajes internacionales de los magistrados y supuestas irregularidades en el pago del arrendamiento de su sede principal.

Durante los últimos días, diversas figuras públicas cuestionaron los gastos de la entidad, señalando que los recursos destinados a viáticos y funcionamiento representaban un supuesto derroche en medio de los debates por el recorte del presupuesto nacional. Ante estas fuertes críticas, el tribunal de paz aclaró que su labor es de puertas abiertas a la ciudadanía y que, de hecho, los máximos entes de control fiscal y disciplinario de Colombia han avalado la pulcritud de sus movimientos financieros desde su creación.

En cuanto a la aguda controversia por las comisiones al exterior, la JEP fue enfática en explicar que estas salidas no corresponden a viajes de turismo, sino a obligaciones oficiales estrictamente justificadas. Dado que el Acuerdo Final de Paz está reconocido como un documento oficial ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y depositado formalmente ante el Consejo Federal Suizo, los magistrados tienen el deber internacional de rendir cuentas sobre el modelo de justicia transicional y participar activamente en espacios de derechos humanos.

Otro de los puntos críticos del debate público ha sido el alto costo del arrendamiento del edificio principal donde opera la jurisdicción. Sobre este particular, la entidad reveló que, tanto en la pasada administración de Iván Duque como en el actual gobierno de Gustavo Petro, la JEP solicitó formalmente al Ministerio de Hacienda la compra del inmueble para garantizar su sostenibilidad financiera a largo plazo. Sin embargo, al no recibir ninguna respuesta favorable por parte del Ejecutivo, se han visto en la obligación de mantener la modalidad de arriendo.

Para zanjar las dudas y combatir la desinformación sobre el valor real del inmueble, la JEP aclaró que el avalúo comercial estimado del edificio para este año supera los 288.000 millones de pesos, desmintiendo de tajo la cifra de 20.975 millones que circuló recientemente, la cual correspondía únicamente a su valor catastral en el año 2020. Sumado al visto bueno de la Contraloría y la Procuraduría, el tribunal recordó que ha sido catalogado por la OCDE como un ejemplo de transparencia pública, logrando el año pasado un 99,3 % de cumplimiento en la ejecución de su presupuesto asignado.