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Por delicado estado de salud, Fiscalía otorgó casa por cárcel a exdirector de la U. San Martín

Mariano Alvear 2Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en contra del fundador de la Universidad, Mariano Alvear Sofán, y los exdirectivos Juan Carlos Mahecha Cárdenas y Ricardo Caballero Calderón en audiencia que se cumplió en Girardot, departamento de Cundinamarca.

Al exdirector de la Universidad San Martin, implicado en un escándalo de corrupción y desviación de recursos del claustro, Mariano Alvear, el juez le otorgó el beneficio de casa por cárcel por “padecer enfermedad grave y por dignidad humana”. Mientras que para Mahecha y Caballero ordenó imponer medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

El fiscal del caso consideró que por la gravedad de los delitos cometidos y por la pena, que podría alcanzar los 15 años de cárcel, todos los procesados debían ser cobijados con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para salvaguardar el proceso y evitar una afectación a la acción judicial.

Lo señalados, deberán responder por los delitos de falsedad material, estafa masiva, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir, imputados por la Fiscalía.

El día de ayer, durante la audiencia de imputación de cargos realizada en la casona en la que vive el fundador de Unisanmartín, Mariano Alvear, el fiscal encargado del caso dijo que casi un billón de pesos provenientes de matrículas y otros ingresos fueron desviados al exterior por los directivos de la universidad para evitar pagar las obligaciones adquiridas con el centro educativo.

El rastreo de bienes que hizo la Fiscalía General de la Nación estableció que a través de transferencias bancarias usando más de diez entidades financieras, el dinero de los estudiantes y de la Universidad fue detectado en países como México, las Islas Cayman, Estados Unidos, India, Luxemburgo, Taiwán, Alemania, Corea del Norte y Rusia.

A estos países llegaron los 943.551 millones 742.555 pesos surgidos de la plata de las matrículas, préstamos bancarios, el no pago de acreencias laborales y de compromisos tributarios con la ciudad de Bogotá.

El fiscal del caso señaló que a los directivos del claustro se les vincula penalmente por 14 fraudes procesales, 14 falsedades materiales, 17 fraudes a resolución judicial, estafa en la modalidad de delito masa, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.

Los fraudes a resolución judicial los cometieron en los casos denunciados por personas que ganaron contra el centro educativo procesos laborales por el no pago de muchas de las obligaciones surgidas en el contrato de trabajo, y jamás hicieron pagos ordenados en las sentencias de los jueces laborales de todo el país.

En cuanto a los fraudes procesales, la Fiscalía explicó que estas personas presentaron documentos falsos para levantar los embargos que bloqueaban las posibilidades de vender bienes en diversas ciudades del país y de esta manera afectar a quienes ya eran sus acreedores.

Más tarde, esos bienes eran negociados a través de fiducias, comodatos y otras figuras del derecho civil y comercial. De esta manera, volvían al control de los directivos de la entidad.

Por otro lado, el ente investigador señaló que la estafa en la modalidad de delito masa se habría presentado cuando ofrecieron carreras que no podían presentar ante el público porque no tenían la autorización respectiva.

El monto total de lo que recaudaron por esta actividad fue de 3.143 millones 146.014 pesos. En esencia, explicó el fiscal del caso, indujeron en error a las personas porque no estaban facultados para tal fin.

En la diligencia estuvieron Alvear, en una cama de hospital, Juan Carlos Mahecha Cárdenas y Ricardo Caballero Calderón, exfuncionarios de la entidad educativa. La Fiscalía les imputó cargos por fraude procesal, fraude a resolución judicial, estafa en la modalidad de delito masa, enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir y falsedad en documento público. Ninguno de los tres aceptó cargos.

En este momento se adelanta la audiencia de imposición de medida de aseguramiento contra los tres exfuncionarios de la Fundación Universitaria San Martín, en las instalaciones del Centro de Servicios Judiciales de Girardot.

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