Este lunes la jueza 38 de control garantías de Bogotá prorrogó la medida de aseguramiento contra Francisco Ricaurte Gómez, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, dentro del proceso denominado el ‘cartel de la toga’.

La juez señaló que: «Considera este despacho autorizar la prórroga de la medida de aseguramiento teniendo en cuenta que el año (que lleva en la cárcel Ricaurte) se cumple el próximo 29 de septiembre. En esa fecha se prorrogará la misma».

Durante la audiencia, el fiscal insistió en la conveniencia de que el exmagistrado Ricaurte Gómez continúe privado de la libertad, con el objeto de salvaguardar el proceso y evitar afectaciones de las pruebas recolectadas por este caso.

Según la Fiscalía, Ricaurte habría recibido sobornos para manipular, archivar y dilatar investigaciones que adelantaba la Corte Suprema de Justicia en contra de aforados constitucionales.

El abogado Álvaro Luna Cote, defensor del exmagistrado, indicó que Ricaurte no podría seguir privado de la libertad en la penitenciaría de La Picota de Bogotá, porque no va a obstruir a la justicia.

Y agregó que su cliente no puede comunicarse con los demás vinculados al proceso porque la mayoría están extraditados a los Estados Unidos, caso de Luis Gustavo Moreno y el abogado Leonardo Pinilla.

El expresidente de la Corte Suprema es procesado por los delitos de concierto para delinquir, cohecho, utilización indebida de información privilegiada y tráfico de influencias.

Según la investigación, Ricaurte habría dado órdenes a Luis Gustavo Moreno para que se reuniera con el entonces senador Álvaro Ashton y concretar la entrega de 1.200 millones de pesos para archivar el proceso que cursaba en la Corte Suprema.

Como se recuerda, la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente ante el Juzgado Décimo Penal de Conocimiento de Bogotá, a Ricaurte Gómez por presuntos hechos de corrupción en la Rama Judicial, y deberá responder en juicio por los delitos de concierto para delinquir en calidad de autor, en concurso con cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias de particulares y utilización indebida de información oficial privilegiada en calidad de interviniente.

El escrito señala al exfuncionario de conformar una organización criminal en la que estarían involucrados el exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno Rivera, el abogado Leonardo Pinilla Gómez y otros juristas; asimismo, lo vincula a seis eventos en los que se habría favorecido con decisiones judiciales a congresistas y gobernadores procesados penalmente.

Al justificar su petición, el fiscal delegado advirtió que Ricaurte Gómez, en compañía de sus socios, supuestamente utilizó información privilegiada, habría manipulado testigos para cambiar versiones e instrumentalizaba a los medios de comunicación para desprestigiar o restar credibilidad a los testimonios.