Por Luis Eduardo Forero Medina
El mototaxismo surgió en la Costa Caribe en la primera década de este siglo, extendiéndose progresivamente a otras regiones del país, donde esa actividad que sigue sin reglamentar por el Gobierno Nacional, es calificada como “fenómeno”, “flagelo”, “una amenaza al sistema de transporte público formal”, pero sobre todo una problemática social.
Los mototaxistas que tomaron un camino ascendente impredecible para las autoridades municipales, en parte debido al aumento de desplazados internos y los que traspasan las fronteras; así como a las facilidades de compra de esos vehículos; serían manipulados por organizaciones de hecho y de derecho que les cobran rodamiento, derechos de inscripción y fijan restricciones de pico y placa. Así como hay propietarios de una sólo moto, existen personas que poseen varios de esos vehículos destinados al mototaxismo.
Las causas de este modo de trabajo son de parte del estado su incapacidad para formalizar laboralmente a esos trabajadores; ausencia de cubrimiento de servicio público en ciertas zonas de las ciudades, frecuencias poco regulares, abandono de rutas, el popular “hasta aquí llego, bájense”; y una deficiente estructura vial, aunado a la prestación del servicio en vehículos viejos o en mal estado. Los motorratones acuden a ese trabajo a falta de oportunidades laborales, o con el fin mejorar sus ingresos; ¡pero a qué costo!: exponiendo su salud, laborando intensas jornadas de trabajo a altas temperaturas y soportando la estigmatización mayormente de los cuatro ruedas del gremio de los amarillos.
El Congreso de la República en dos oportunidades ha intentado legislar sobre el mototaxismo; el 27 de noviembre de 2013 fue presentado un proyecto de ley modificando la Ley 169 de 2002,para regular la prestación del servicio público de transporte de pasajeros en triciclos, y en motociclos y mototriciclos. Al siguiente año fue retirado por su autor Retirado Roy Barreras. El 27 de septiembre de 2017 fue radicado un proyecto de ley referente medidas laborales en favor de los conductores de motocicletas; el 21 de junio del año pasado fue archivado.
Ante el desinterés legislativo, corresponde a los alcaldes “tragarse ese sapo”; siendo las medidas más frecuentes realizar constantes operativos para controlar esa infracción, muchas veces forzadas por fallos judiciales ordenando asuman el control y el retiro de los trasportadores informales, que son castigados con la suspensión de la licencia de conducción y la inmovilización de las motos.
Cuando los alcaldes se hacen los de la vista gorda pueden ser investigados por la Procuraduría General por presunta omisión de sus deberes; sin embargo la mayoría de las veces no disponen de un censo de mototrabajadores para trazar planes en su favor. En Colombia “este servicio es utilizado principalmente en las ciudades del Caribe, como: Cartagena, Barranquilla, Sincelejo y Montería”, señaló MIltón Medina del Instituto de estudios urbanos de la Universidad Nacional de Colombia. En Cartagena son máximas las restricciones al mototaxismo. Actualmente esos conductores, gran parte extranjeros, en todo el país son atraídos por aplicaciones móviles, personas o asociaciones que les ofrecen arrendar la moto, pagando generalmente $25.000 diarios o más, a lo que deben sumar combustible y parqueo de la unidad; lo que les queda es para sobrevivir ellos con sus familias. La otra cara de la moneda según los expertos en movilidad, es que es una actividad que comporta un alto grado de siniestralidad; invaden el espacio público y afectan la movilidad; en el oficio se “cuelan” personas no tan santas; no portan la revisión técnico-mecánica o SOAT vigente; y la higiene deja mucho que desear por el uso continuo en diferentes personas des cascos, que las más de las veces es el único elemento de protección que portan los pasajeros.
En Bucaramanga para enfrentar el tema se desarrollan mesas de trabajo con ‘mototaxistas’; en Popayan no se permite el parrillero en el sector histórico y se reactivaron las mesas de concertación; en Pasto, en donde al perecer poco se combate el mototaxismo, hasta mediados de este año rige la restricción parcial de motocicletas de todo cilindraje, de 11:00 p.m. a 4:00 a.m.; en Riohacha el alcalde le apuesta a la reconversión socio laboral del gremio de mototaxistas, promoviendo el empresarismo a través de la inclusión laboral. En Sincelejo los mototaxistas viven en carne propia ese desconocimiento general al derecho al trabajo; en Montería les prohíben el ingreso y salida con parrilleros al centro de la ciudad; en Valledupar el mototaxismo abunda por el alto grado de informalidad, que en el Departamento del Cesar es del 79.2%. En Ibagué y Medellín poco y nada funciona el mototaxismo; mientras que en Bogotá la oferta de este servicio a través de aplicaciones llegó a los estrados judiciales. En Neiva donde se trabaja por la caracterización de la población de mototaxistas, se aplica restricción del parrillero en el microcentro y la limitación de las motos desde las 11 hasta las 5 a.m., mientras el Concejo diseña una política pública para los mototaxistas; en la capital opita ensayan con condonar comparendos por servicio social con proyectos de ornato por parte de los mototaxistas. En Cali se propone integrarlos al MÍO como alimentadores. “Lo que hay que hacer es tratar de formalizar a los mototaxistas y no destruirles el empleo”, dijo una fuente oficial.
@luforero4
