El vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, afirmó hoy que sospecha que la mafia del narcotráfico está detrás de los obstáculos para impedir que los ex jefes paramilitares sean extraditados a Estados Unidos.

«No se les olvide que, ante la cantidad de plata que mueven estos señores (los narcotraficantes), pues uno cree que ese debe ser un elemento», manifestó Santos a la emisora La W de Bogotá.

El funcionario se refirió a una decisión judicial que frenó la semana pasada la extradición a EE.UU. de Carlos Mario Jiménez, alias «Macaco», un ex jefe del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que se desmovilizó dentro del proceso de paz desarrollado entre 2002 y 2006.

Sin embargo, las autoridades consideran que «Macaco» reincidió en las actividades ilegales.

Una acción de tutela o recurso de amparo instaurado por familiares de las víctimas de los paramilitares suspendió la extradición de «Macaco», que ya estaba aprobada por el Gobierno, tras argumentar que él debe quedarse en Colombia para reparar los crímenes.

Preguntado si cree que los narcotraficantes están moviendo dinero para impedir la extradición de «Macaco», el vicepresidente contestó: «Yo creo que sí. Le soy sincero, creo que sí».

«No tengo ninguna prueba, pero cuando uno ve cómo ha funcionado el narcotráfico, uno no es bobo», señaló Santos, aunque advirtió de que en este caso hablaba a nombre personal y no como vicepresidente.

«Esto lo asumo a título personal», afirmó Santos, quien aclaró que no estaba acusando a la Corte Suprema de Justicia.

El periodista Francisco Santos, que estuvo secuestrado en 1990 por el grupo «Los extraditables», formado por mafiosos que se oponían a la extradición, aseguró que se tiene que asumir «con pantalones y calzones y enfrentar con pantalones y calzones la corrupción que ha generado el narcotráfico en este país».

Las AUC, que reunían a los comandos campesinos de defensa creados hace más de veinte años para combatir a los guerrilleros, quedaron casi disueltas después de desmovilizar a más de 31.000 combatientes.

Santos también puso en duda que las organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos se opongan a la extradición, bajo el argumento de que «Macaco» debe quedarse en el país para reparar alas víctimas, como lo establece la ley de Justicia y Paz promulgada en 2005.

«Una extradición no implica que no pueda haber reparación», expresó Santos y agregó que esas ONG «antes decían que esto es el horror y ahora dicen que así funciona la justicia, ahora sí es la maravilla».

«Qué cambio de posición tan raro. No dejo de hacerme esa pregunta. Hace tres años la ley de Justicia y Paz no les servía y ahora sí», puntualizó.

EFE