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En el Congreso no habría «sillas vacías»

Si no pasa la reforma política en el Senado, el Plan B del gobierno no incluye pérdida de curul.

De hundirse la reforma política en el Senado, por cuenta de los impedimentos para su aprobación en la Comisión Primera, el Congreso, al menos en el actual periodo legislativo, no tendría ‘sillas vacías’, como sanción a los partidos políticos que avalaron candidatos que hoy están detenidos por sus presuntos o comprobados nexos con grupos armados ilegales.

Así se contempla en el ‘Plan B’ que surgió en una reunión entre el presidente Álvaro Uribe y varios congresistas de la coalición, para hacerle frente al posible fracaso de la iniciativa y en el que no se incluye la sanción de la pérdida de la curul para los partidos cuando uno de sus integrantes sea cobijado con medida de aseguramiento por la Corte Suprema de Justicia.

Dicho plan, que consiste en adicionar parte del proyecto de ley de reforma al actual Código Electoral, fue revelado por el senador Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador.

El dirigente dijo que la intención es tomar, del actual proyecto, los artículos que no generen impedimentos al texto de reforma a las normas electorales, que fue radicado por la presidenta del Senado, Nancy Patricia Gutiérrez, y que ya recibió mensaje de urgencia del Gobierno.

Por eso, el artículo que contempla la drástica e inmediata sanción de la ‘silla vacía’ no puede ser añadido, porque para que se haga efectivo requiere de un acto legislativo de reforma constitucional, y no de un proyecto de ley estatutaria, como es la reforma electoral.

La senadora Gutiérrez dijo que ambas reformas “no son excluyentes”, pero admitió que la reforma política está atravesando “problemas casi insuperables” en el Senado.

Por eso la reforma electoral, que también contempla sanciones, aunque no tan drásticas como la de la ‘silla vacía’, sería la salida para que antes del 20 de junio el Congreso pueda “autosancionarse”.

¿Mal mensaje?

Esta nueva circunstancia, que amenaza con archivar la ‘silla vacía’, no es de buen recibo en sectores de la oposición como el Partido Liberal.

Héctor Helí Rojas, integrante de la Comisión Primera, dijo que el Plan B es una propuesta “dilatoria e incompleta”, por lo que consideró que el mejor camino en este caso sería aprobar la actual reforma política y luego desarrollarla en una ley electoral.

Rojas agregó que los temas urgentes para salir de la crisis política son la ‘silla vacía’, la pérdida de personería jurídica de los partidos ‘contaminados’ y la inscripción por coaliciones, los cuales sí requieren una reforma constitucional como la que es discutida en el Congreso.

“Si no se hacen esos ajustes constitucionales, el Congreso enviaría un mal mensaje al país: que no pudo autorreformarse” .

El senador de Cambio Radical Rodrigo Lara Restrepo, también integrante de la Comisión Primera, difiere de esa postura, al afirmar que para superar la actual crisis, más que una reforma política, que calificó de “distracción mental”, lo que se requiere es la reforma al Código Electoral, pues este (que es anterior a la Constitución de 1991) “ha permitido la infiltración de delincuentes a las campañas políticas”.

“Es urgente actualizar el Código Electoral, en particular lo que tiene que ver con la financiación pública de campañas y con el castigo a quien viole los topes de financiación. Nuestra legislación lo único que hace tiempo tiene caduco es el código electoral”, dijo Rodrigo Lara.

Sin embargo, en el Senado se hacen las últimas gestiones para tratar de quitarle las talanqueras a la reforma política, aunque el tema de las inhabilidades que tienen once senadores de la Comisión Primera, parece insuperable.

En esa comisión la reforma necesita 10 votos a favor, de las 19 curules que la conforman. Hoy sólo podría contar con ocho votos, de ellos, al menos tres son en contra (los dos del Polo Democrático y el de Convergencia Ciudadana).

Lo que se quiere hacer

La reforma al Código Electoral busca, según la senadora Nancy Patricia Gutiérrez, blindar las elecciones e impedir la filtración de mafias.

Estos son los principales aspectos que se reformarían, de ser aprobada.

1. Se le entregarían facultades al Consejo Nacional Electoral (CNE) para sancionar a partidos y movimientos cuyos candidatos a cargos y corporaciones de elección popular “resultaren condenados por delitos electorales o relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales o narcotráfico”. Para eso, se propone adicionar el Artículo 8 de la Ley 130 de 1994, mediante le cual se otorgan facultades al CNE para privar a los partidos de financiación estatal, acceso a medios y cancelar su personería.

2. El CNE “ordenará la devolución de la financiación estatal de la campaña en una cuantía equivalente al número de votos obtenido por el condenado en los casos de candidatos a cargos uninominales o a la mayor cantidad entre la cifra repartidora y la cantidad de votos obtenidos por el candidato condenado”.

3. La personería jurídica de los partidos y movimientos sería cancelada en casos en que más del 50% de sus miembros en el Senado o la Cámara resulten condenados por los delitos que hoy más afectan la institucionalidad del Congreso.

4. Ofrecer garantías a la participación de la mujer. Los candidatos inscritos por las organizaciones sociales, indígenas y negritudes deberán pertenecer a dichas comunidades.

5. La inscripción de candidatos de coalición deberá cumplir requisitos que implican un acuerdo entre los partidos y movimientos (programa, auditoría y rendición de cuentas).

6. Nuevas reglas para inscribir candidatos por firmas. Entre ellas la inscripción previa de un comité promotor de la candidatura; el número de firmas de apoyo será equivalente al umbral aplicado en la última elección de la respectiva corporación o, en caso de cargos uninominales, equivalente al 3%.

7. Sobre la inhabilidad por celebración o ejecución de contratos, deben haber sido financiados con recursos públicos (ya no por la celebración con entidades públicas), pero se exige para que se configure la inhabilidad que su objeto les hubiere otorgado capacidad de influir sobre los electores de la respectiva circunscripción, y se exceptúan los contratos que recaigan sobre bienes o servicios públicos que se ofrezcan en condiciones de igualdad a todos los ciudadanos.

Colprensa