Reacciones contrarias a la convocatoria de un referendo para repetir las elecciones del 2006, planteada por el presidente Alvaro Uribe Vélez, se produjeron en los sectores políticos del pais.

En general, la iniciativa del primer mandatario fue considerada como una “salida en falso”, que introduce al pais en laberinto politico y juridico y que de concretarse, solo tendría realización tardiamente, a finales del 2009.

El constitucionalista Jaime Castro aseguró que parece que al jefe del Estado lo asesoraron sus enemigos, porque su propuesta es un error politico y juridico.

Añadio que al pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia sobre el sonado proceso de la Yidis Politica, el president Uribe ha debido reaccionar con cabeza fría y no caliente, ni en la forma tan desproporcionada como lo hizo.

Castro subrayó que ahora se plantea no solo un choque de trenes, sino de poderes, que introduce al pais en un verdadero laberinto juridico.

El presidente del Polo Democrático, Carlos Gaviria Diaz, calificó de “insolita y “mostruosa” la salida del presidente Uribe, y subrayo que Colombia está frente a una dictadura populista. Significa que el presidente está por encima de los demás poderes.

Gaviria Diaz tambien dijo que con la iniciativa de Uribe quedan en el aire varios interrogantes, pues si de repetir las elecciones del 2006 se trata, habría que establecer si se presentarían los mismos candidatos presidenciales, como él en representación del Polo Democratico y Horacio Serpa Uribe, por el partido liberal, entre otros.

«Es una idea absurda, de gravedad extrema», puntualizo Gaviria Diaz.

A su turno, el analista politico Juan Manuel Charry, dijo que el presidente Uribe se equivocó, porque no tenía que darle una respuesta de carácter politico a un asunto juridico, como es la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en el caso de Yidis Medina.

Señalo que concretar el referendo se demorará por lo menos un año y ademas consideró poco probable obtener el umbral del 25 por ciento que requeriría la aprobación del referendo, esto es, 7 millones de votos.
MEDIOS INMORALES

–La Corte Suprema de Justicia consideró que “los fines políticos no justifican medios inmorales” y por eso cuestionó el trámite de la reforma a la Constitución Nacional que permitió que el Congreso de la República aprobara la reelección presidencial, en el 2004.

“La corrupción en el ejercicio de la función pública, en cuyo ámbito el cohecho ocupa un lugar destacado, constituye uno de los problemas más serios que deben enfrentar las democracias modernas”, señala el fallo del alto tribunal, revelado dentro de la condena a 3 años y medio que se profirió contra la ex congresista Yidis Medina, promotora del escandalo.

La Corte Suprema de Justicia establece que “el delito no puede generar ningún tipo de legitimación constitucional o legal” y por esto, solicitó a la Corte Constitucional y a la Procuraduría General de la Nación revisar la legalidad del acto legislativo que permitió que un Presidente en ejercicio pudiera ser reelegido de forma inmediata.

Al condenar a la ex congresista Yidis Medina, quien según la Corte, recibió prebendas para favorecer con su voto la reforma constitucional, el alto tribunal consideró necesario que tanto el Ministerio Público como el máximo juez constitucional estudien, si lo consideran conveniente, la legalidad de la reelección.

La Corte califica de “inaudito” que desde las “altas esferas del poder algunos de sus miembros impulsen la desinstitucionalización, al promover el quebrantamiento de las reglas básicas del modelo de Estado cuando, en busca de un beneficio particular, se impulsó a toda costa un acto legislativo, sin importar que para sacarlo avante se llegare hasta la comisión de conductas punibles, como sucede en el sub júdice”.

La Corte, en su sentencia, consideró que “la aprobación de la reforma a la Constitución fue expresión de una clara desviación de poder, en la medida en que el apoyo de una congresista a la iniciativa de enmienda constitucional se obtuvo a partir de acciones delictivas”.

El fallo también señala que “las instituciones colombianas basan su legitimidad en el respeto absoluto a la legalidad imperante, razón por la cual las manifestaciones delincuenciales deben ser reprimidas y sancionadas ejemplarmente en los términos establecidos en los estatutos penales”.

DEMANDA EN CURSO

–La revisión del acto legislativo que eventualmente asuman la Corte Constitucional y la Procuraduría, con base en la sugerencia de la Corte Suprema de Justicia, se sumará a una demanda instaurada la semana pasada por un colectivo de abogados y organizaciones sociales y sindicales, contra la norma que permitió la reelección del presidente Alvaro Uribe Velez.

En efecto, el pasado 17 de junio el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, pidio a la Corte Constitucional la revisión de la reforma constitucional aprobada por el Congreso de la república, por considerar que para lograrla se “incurrio en actos ilegales y fraudulentos”, en referencia a las prebendas que recibio la excongresistas Yidis medina.

La demanda se sustenta con el argumento de que “al momento en que la Corte Constitucional se pronunció sobre la exequibilidad del acto legislativo que dio lugar a la reelección presidencial inmediata, no se conocían los hechos que hoy son de dominio público y que necesariamente deben afectar la legalidad y legitimidad de dicha reforma”.

Ademas, señalan que a lo anterior se suma el número de congresistas elegidos en esa oportunidad y que hoy están privados de la libertad por sus presuntos nexos con paramilitares.

Estehecho, según los demandantes, “ha afectado los principios de un estado de derecho y de una democracia participativa”.