El único consenso que hay en el Congreso, a pocos días del comienzo del nuevo periodo legislativo, es la necesidad de reformar el sistema político.

No sólo para evitar crisis como las que generaron en el pasado el Proceso 8.000 (infiltración del narcotráfico en la política) y actualmente la parapolítica (acuerdos de dirigentes con actores armados ilegales), sino garantizar el equilibrio de poderes, que sin duda modificó la reelección presidencial.

Y aunque el Gobierno ya anunció que presentará un proyecto de reforma a la Constitución (aún la diseña la llamada comisión de Notables), con el propósito de evitar crisis similares en el futuro, a partir del 20 de julio, varias fórmulas serán discutidas en el legislativo.

Varias fórmulas
Una de ellas surgió en un encuentro académico entre senadores y representantes a la Cámara en Madrid, España, hace apenas dos semanas. Allí se discutió que la principal necesidad del actual sistema político es el fortalecimiento de los partidos y movimientos que participan en él.

Aunque esa idea es la que también le formulará la llamada Comisión de Notables al Gobierno, los congresistas plantean otra vía alejada del camino de la reforma constitucional. El acuerdo fue revelado por el representante Guillermo Rivera del partido Liberal.

El consenso al que llegaron los congresistas en España es una iniciativa conjunta para modificar la Ley 130 de 1994, conocida como la ‘Ley de Partidos’. Sería una reforma legal que buscaría reformar al menos tres aspectos del sistema político.

El primero sería la democratización de los partidos, para que cada movimiento se vea obligado a tomar sus decisiones y candidatos a corporaciones públicas a través del mecanismo primario de la elección popular.

Un segundo aspecto sería la financiación de partidos y campañas. Lo que se busca, dice el representante liberal, Guillermo Rivera, uno de los asistentes a las jornadas académicas en España, es que así como hubo anticipos para la reelección presidencial, también los haya para las demás campañas políticas.

El tercero, el régimen sancionatorio, busca establecer responsabilidad política de los partidos cuando los avales recaigan en personas enjuiciadas por hacer acuerdos con organizaciones armadas al margen de la ley.

Las diferencias
Según Rivera, esta iniciativa sería una reforma política, pero no por la vía de la reforma constitucional, como la presentará el Gobierno. «Hay temas que se pueden hacer sin tocar la constitución. El ambiente del Congreso no está para una reforma constitucional que requiere un gran consenso», señala el congresista liberal.

De ese consenso, acordado en España, hacen parte, además de Rivera (P. Liberal) Nicolás Uribe y Martha Lucía Ramírez (La U), Parmenio Cuellar y Franklin Legro (Polo), Hernán Andrade y Heriberto Sanabria (P. Conservador), Nancy Patricia Gutiérrez y Roy Barreras (Cambio Radical) y Samuel Arrieta (Convergencia Ciudadana).