El recorte de 1 billón 500 mil millones de pesos en el gasto público para la vigencia 2008 tendrá grandes impactos en las metas fiscales del Gobierno Nacional Central (GNC) y del Sector Público Consolidado (SPC), anunció este lunes el Ministerio de Hacienda, al precisar los alcances del ajuste por sectores y en los distintos rubros del Presupuesto.
De acuerdo con la entidad, el recorte permitirá mejorar las metas fiscales en 0,4 puntos del Productor Interno Bruto (PIB), para el caso del Sector Público Consolidado, y de 0,2 puntos en el Gobierno Nacional Central.
En el GNC inicialmente se había fijado como meta un déficit de 1.4 por ciento del PIB. Con el ajuste en el gasto la nueva meta es un déficit del 1 por ciento. Mientras tanto en el GNC la meta se redujo de -3.3 por ciento del PIB, a -3.1 por ciento del PIB.
“Este recorte representa un gran esfuerzo de las autoridades fiscales, en coordinación con los ministerios sectoriales, toda vez que la programación presupuestal de 2008 se había ajustado a un menor nivel de gasto, tras acoger la recomendación de la Comisión Independiente de Gasto Público, hace un año”, informó el MinHacienda.
Al explicar el recorte, la entidad señaló que de los 1.5 billones, 337 mil millones corresponden a Funcionamiento, un billón de pesos a Inversión y 161 mil millones de pesos al servicio de la deuda.
En proporción, el grueso del recorte se concentra en inversión, toda vez que el gasto de funcionamiento conformado por gastos de personal, gastos generales y transferencias, presenta un mayor nivel de inflexibilidad, dada su naturaleza
Por sectores, el mayor recorte es por cuenta de Minas y Energía, con 186 mil 825 millones, en algunos proyectos del Fondo de Energía Social (Foes), que tienen que ver con planes de normalización de redes eléctricas.
El Ministerio de Hacienda recordó que dentro de los criterios para la aplicación del recorte se buscó restringir los gastos por reestructuraciones y provisiones de planta, reforzar las medidas de austeridad y mantener la cobertura de programas sociales.
Además, la idea es que el Gobierno garantice el desarrollo de proyectos en curso, particularmente en infraestructura vial, y garantizar los recursos orientados a la atención de la población desplazada.
