–Pliego de cargos contra ocho militares, por un “falso positivo”, libró la Procuraduría General de la Nación. Los procesados son un oficial, dos suboficiales y cinco soldados del Ejercito Nacional, por presunta retención ilegal, actos de tortura y homicidio en persona protegida.
Los uniformados comprometidos son: el Capitán César Augusto González Caballero; los Suboficiales Cabo Primero Edwin Saldaña Pinzón, Cabo Segundo Harold Gaitán Ospina y los soldados profesionales Yesid Olaya Rivera, Luis Garzón Bustos, Carlos Campos Imbachi, Pedro Guañarita Ortiz y Herlendy Trujillo Ordoñez.
Los hechos se presentaron el 10 de enero del 2005, cuando tropas del Ejército Nacional adscrita al Batallón de Infantería No 26 “Cacique Pigoanza”, tercer pelotón de la compañía “Bayoneta”, dieron muerte al civil Jhon Freddy Barco Gutiérrez, quien según la comunidad de la vereda el Quebradón, jurisdicción del municipio de Algeciras, Huila, era miembro de la Junta de Acción Comunal.
La misión táctica de los miembros de la fuerza pública que se encontraban en la zona era la destrucción y repliegue ofensivo sobre el área general de la vereda “la Danta” del municipio de Algeciras, con el fin de neutralizar las pretensiones de las Farc, operación durante la cual el Ejército reportó como dado de baja al señor Barco Gutiérrez, a quienes señalaron como NN alias “El conejo”.
De acuerdo con la versión rendida por un testigo que el día de los hechos objeto de investigación iba en compañía de Jhon Freddy Barco Gutiérrez y cuando pasaban por la finca “Los Conejos” él se quedó tomando agua pero Jhon Freddy continuó, advirtiéndole que lo esperaba en otro lugar.
Después escucho ladrar el perro que los acompañaba, se dirigió hacia donde él iba y vio unas personas uniformadas con camuflado del Ejército, en ese momento él se devolvió y pasados quince minutos escuchó disparos de fusil, espero a que su compañero regresara pero no lo volvió a ver.
Según el dictamen de medicina legal, las lesiones que fueron descritas en el cadáver no corresponden todas a las causadas por proyectiles de armas de fuego, propias de un enfrentamiento armado, lo cual lleva a la duda de un presunto combate.
Para el ministerio público se puede tratar de un caso de homicidio en persona protegida por las normas Internacionales de Derechos Humanos por cuanto, la víctima al parecer no hacía parte de un grupo ilegal armado y no estaba participando en las hostilidades propias del conflicto armado que vive el Estado Colombiano.
