–Acogiendo parcialmente el concepto de la Procuraduría, la Corte Constitucional dio viabilidad al proyecto que permite a las autoridades municipales y distritales para que autoricen la construcción o habilitación de bahías de estacionamiento que faciliten las condiciones de accesibilidad de las personas con algún tipo de discapacidad y/o movilidad reducida.

La Corte determinó que las disposiciones legales que apuntan a que los municipios y los distritos cumplan con cláusulas constitucionales que garantizan los derechos de las personas discapacitadas, al igual que los compromisos internacionales asumidos por el Estado colombiano en la materia, no atentan contra el principio de autonomía de las entidades territoriales.

Precisó la Alta Corporación que el constituyente impuso al Estado los deberes de otorgar protección especial a los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos, con miras a su rehabilitación e integración social en armonía con los postulados generales contenidos en la Constitución, según los cuales, la Nación debe promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptar medidas a favor de grupos discriminados o marginados, además de proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta.

Para la Corte la posibilidad no es general sino que se limita a la construcción o a la rehabilitación en un porcentaje mínimo equivalente al 2% del total de los parqueaderos, al menos un espacio, en lugares tales como clínicas, instituciones financieras, centros comerciales, supermercados, empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, parques, unidades residenciales, nuevas urbanizaciones, edificaciones destinadas a espectáculos públicos, unidades deportivas, autocinemas, centros educativos, edificios públicos y privados.

Finalmente preciso el fallo que los sitios de parqueo deberán estar debidamente señalizados y demarcados con el símbolo internacional de accesibilidad.