–Otros ocho militares serán procesados por «falsos positivos», según lo anunciaron este lunes la Fiscalía General y la Procuraduria General de la Nación.
En un primer caso, un fiscal de Derechos Humanos y DIH vinculó mediante indagatoria al ex comandante del Gaula Córdoba, mayor retirado del Ejército Julio César Parga Ruiz, por los crímenes de dos jóvenes reportados como muertos en combate.
Los hechos por los que rendirá indagatoria Parga Ruiz tienen relación con las muertes de Daladier Herrera Osorio y Omar Alfredo Osorio Almanza, cometidas el 5 de marzo de 2006.
Según la investigación, los jóvenes fueron contactados en Caucasia (Antioquia) para trabajar en fincas cercanas a Montería, en cuya zona rural fueron muertos durante un presunto enfrentamiento con el Gaula.
Por ese caso, la Fiscalía acusó a dos oficiales y a cuatro soldados profesionales. Otros dos soldados están cobijados con medida de aseguramiento.
Parga Ruiz fue capturado el 17 de abril de 2008 y está solicitado en extradición por autoridades judiciales estadounidenses que lo procesan por narcotráfico.
OTRO FALSO POSITIVO
El segundo caso, abocado por la Procuraduria General de la Nación, involucra a un oficial, un suboficial y cinco soldados profesionales, que supuestamente incurrieronr en grave violación al Derecho Internacional Humanitario.
La Procuraduría indico que los hechos ocurrieron el 8 de mayo de 2004 cuando en desarrollo de la operación denominada Eficacia 1, el grupo de contraguerrilla Apocalipsis adscrito al Batallón Tarqui, al mando del Subteniente Fredy Duarte Zapata, al parecer incursionó en la casa de habitación de Alejandro Verdugo Corredor, ubicada en la Vereda Cuaza del municipio de Labranzagrande, Boyacá, y dio muerte a siete personas que se encontraban allí.
En la acción militar murieron María Anaire Niño Vargas, Elizabeth Verdugo Niño, Elvia Colmenares y Miguel Guatibonza, campesinos del sector, y tres personas más no identificadas pertenecientes a un grupo ilegal armado.
Advierte el ministerio público que las versiones de los militares son contradictorias por cuanto de una parte, en el informe de patrullaje, se indica que se llegó al objetivo sin ser detectados y de ese modo “se pudo dar sorpresa al enemigo y a los postas o centinelas que custodiaban la parte baja, al momento del golpe de mano”, mientras que los testimonios de los uniformados refieren un combate que dio como resultado la muerte de estas personas.
De acuerdo con testigos presenciales, en el lugar no se presentó combate alguno y la incursión militar se hizo cuando las cuatro personas civiles y las otras tres, integrantes de un grupo al margen de la Ley, estaban en total estado de indefensión.
Para el Ministerio Público tanto los campesinos como las personas referidas como guerrilleros, en el momento de los hechos no estaban participando de hostilidades y se encontraban en estado de indefensión, por tanto todos ellos tenían la condición de “persona protegida” por las normas del Derecho Internacional Humanitario.
Las pruebas que hacen parte de la investigación conducen a la duda del presunto combate sostenido entre los militares y las víctimas, razón por la cual la Procuraduría General de la Nación, a través de la Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos, encontró mérito suficiente para elevar pliego de cargos en contra de los militares Subteniente Fredy Duarte Zapata, Sargento Viceprimero Jaime Orlando Piragua Millán, y los soldados profesionales Nelson Eduardo Ayala Bautista, Melkiz Loaiza Loaiza, Omel Rangel Santamaría, Jorge Arturo Zambrano y Fabio Nelson Vargas Alarcón, por su responsabilidad en el homicidio de estas siete personas.
