Una nueva Jornada de Cobro adelantó en todo el país la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) con el objetivo de hacer cumplir los anuncios de sanciones, embargos y remates a los morosos que se resisten a pagar sus tributos.

El organismo, con la participación de las áreas de Gestión Jurídica y Fiscalización Tributaria, elevó ante la Fiscalía 1.237 denuncias penales por omisión de agente retenedor a igual número de deudores, por valor de 23 mil 815 millones de pesos y se notificaron 978 pliegos de cargos que ascienden a 28 mil 349 millones por deudas en retención en la fuente e IVA.

En esta jornada, que hace parte de las tareas diarias de control de la entidad en todo el país y que se realizan a lo largo del año, fueron adelantadas 13 mil 99 visitas a igual número de morosos y se lograron compromisos de pago por 30 mil 489 millones de pesos.

Además se practicaron 315 diligencias de secuestros de bienes, se remataron 32 bienes, se notificaron 978 pliegos de cargos y se cerraron 107 establecimientos de comercio, superando la expectativa frente a lo programado.

Como resultado final de la jornada de cobro ingresarán como recaudo para el país en el próximo mes 88 mil 422 millones de pesos, que son la suma de los 30 mil 489 millones por compromisos de pago; 714 millones de la consignación del saldo del precio del remate; 23 mil 815 millones con las denuncias penales; 28 mil 349 millones con los pliegos de cargos notificados, y 5 mil 55 millones con los cierres de establecimientos de comercio.

La preparación de esta jornada implicó una logística que inició su desarrollo hace más de un mes y contó con una amplia capacitación a los funcionarios que adelantaron el proceso. Se seleccionaron 93 mil 16 obligaciones en mora correspondientes a 14 mil 697 contribuyentes, por valor de 776 mil 554 millones.

Las visitas se efectuaron en el domicilio del contribuyente de acuerdo con los datos registrados en el RUT, con el objetivo de persuadirlo para que cancelara en el menor tiempo posible sus obligaciones en mora, respecto de las cuales la entidad tiene certeza de que son claras, expresas y actualmente exigibles.