Al menos unas 800 personas fueron víctimas de tortura entre julio de 2003 y junio de 2008 y de ellas unas 500 fueron asesinadas, reveló hoy un grupo de organizaciones no gubernamentales.

La llamada «Coalición Colombiana Contra la Tortura», conformada por nueve distintas agrupaciones no gubernamentales, presentó su informe un día antes de la sesión en Ginebra (Suiza) del Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas y en la que se espera concurra el miércoles el estado colombiano para brindar datos sobre tortura en el país.

El informe de la Coalición, de 144 páginas, contiene «las consideraciones sobre la grave situación de tortura y malos tratos que persisten en Colombia», dijo Jorge Gómez, representante de «Reiniciar», una de las ONG que conforman la Coalición, al divulgar el reporte.

«La práctica de la tortura en Colombia es de carácter sistemático y generalizado porque se practica en todo el país», aseguró Gómez en una conferencia de prensa.

Según el informe, 899 personas fueron víctimas de tortura entre julio de 2003 y junio de 2008.

De ellos, la mayoría (685) son hombres.

Entre julio de 1998 y junio de 2003, o el período inmediatamente anterior, se reportaron 1.593 casos de tortura, es decir, 694 más, según Ana María Díaz, de la Comisión Colombiana de Juristas, otro de los grupos de la Coalición.

«Sin embargo, estas reducciones (de un período a otro) coinciden con el aumento significativo de las torturas cometidas directamente por la fuerza pública: en el período entre 1998 y 2003 se registraban 187 casos atribuibles directamente a la fuerza pública y para 2003-2008 se registraron 337 casos atribuibles a la fuerza pública», precisó Díaz.

Según la activista, los datos que presenta el informe fueron tomados de 21 periódicos nacionales y regionales, dos revistas, el banco de datos del no gubernamental Centro de Investigaciones y Educación Popular (Cinep) y del Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República.

Posteriormente realizaron un proceso de verificación de datos con la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo, explicó.

Los delegados oficiales para el tema de derechos humanos, encabezados por el vicepresidente Francisco Santos, están en Washington esta semana en audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y no se pronunciaron de inmediato.

Las leyes colombianas penan el delito de tortura con un mínimo de 10 años de prisión y actualmente, dijo Díaz, sólo hay ocho sentencias dictadas por este crimen, dos de ellas contra personas de grupos guerrilleros.