El Gobierno de facto de Honduras exhortó al Congreso a votar sobre la restitución del derrocado presidente Manuel Zelaya, paso clave para superar la crisis desatada por un golpe de Estado que divide al país desde hace cuatro meses.
El llamado, que también viene haciendo Zelaya desde la semana pasada, ocurrió horas después de que el líder del cuerpo legislativo, José Alfredo Saavedra, dijo que no había fecha para sesionar debido a las consultas que están haciendo los diputados para tomar una decisión.
Tras varias rondas de negociaciones y con el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de Washington, Zelaya acordó a fines de octubre con el presidente de facto, Roberto Micheletti, formar un gobierno de unidad nacional y que los diputados decidieran si él debía retomar la presidencia.
El Congreso, que según Zelaya debió haber votado su restitución la semana pasada, mantiene consultas no vinculantes con la Corte Suprema, la procuraduría y la fiscalía general para ver si, en base al acuerdo, procede el regreso al poder del presidente derrocado.
«Con todo respeto pero con energía (es) que exigimos el cumplimiento de ese punto y exigimos al Congreso la toma de la decisión (…) sobre la ‘no’ o ‘sí’ restitución del señor Zelaya Rosales», dijo en rueda de prensa Vilma Morales, portavoz de la comisión negociadora del Gobierno de facto.
«Urgimos que esta sea una decisión que se adopte prontamente», agregó.
En tanto, el embajador de Estados Unidos en Honduras, Hugo Llorens, visitó el lunes a Zelaya durante unas dos horas y, según colaboradores del mandatario derrocado, se comprometió a impulsar procedimientos para lograr un acuerdo.
Zelaya fue derrocado el 28 de junio, cuando militares lo sacaron de su casa en pijamas a punta de pistola y lo expulsaron a Costa Rica por orden de la Corte Suprema, que decidió que el mandatario quebró la ley al intentar convocar un referendo que allanar el camino a la reelección presidencial.
Micheletti dice que Zelaya debe enfrentar a la justicia y que no está en sus manos permitir su restitución. En total hay 18 cargos contra del depuesto presidente, que volvió clandestinamente a su país hace poco menos de dos meses y se refugió en la embajada de Brasil en Tegucigalpa.
