La Organización de Naciones Unidas, ONU, emplazó a Colombia a cumplir «las obligaciones contenidas en la Convención contra la Tortura», con penas «que tengan en cuenta su gravedad» y que se le considere como un delito autónomo.

El Comité de la ONU contra la Tortura en un informe divulgado hoy en Ginebra, denunció «la persistencia de graves violaciones conexas a la tortura, como las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, el desplazamiento forzado, las violaciones sexuales y el reclutamiento de niños».

Los expertos del Comité expresan su inquietud por la «alta incidencia» de detenciones arbitrarias y considera que «las detenciones sirven para estigmatizar a ciertos grupos como líderes sociales, jóvenes, indígenas, afrocolombianos y campesinos».

De las desapariciones forzadas, lamenta la «lentitud» en la implementación del Plan Nacional de Búsqueda de Personas, y que el Ejecutivo se haya opuesto a un proyecto de ley para el esclarecimiento de casos de ese tipo y la identificación de cadáveres en fosas comunes.

Sobre la violencia sexual, el Comité expresa preocupación por su utilización como arma de guerra y por aquellas que son «atribuidas a la fuerza pública», lo que le lleva a pedir al Gobierno colombiano la adopción de medidas «eficaces y urgentes para erradicarla».

Añade que «la violencia sexual atribuida a la fuerza pública debe ser investigada, enjuiciada y firmemente sancionada».

Al abordar el reclutamiento de niños y niñas para ser usados en el conflicto interno, el Comité señala que la fuerza pública los utiliza «con propósitos de inteligencia» y ocupa escuelas en zonas de conflicto, una situación que pide que cese para que se restablezca el respeto a la neutralidad de los centros educativos.

«El Comité está especialmente preocupado por la información que indica un aumento de casos que señalan una participación directa por parte de los agentes estatales» (en casos de tortura), señala el documento hecho público en Ginebra.