El Gobierno y los altos mandos militares insistieron hoy en la necesidad de que la justicia esclarezca con celeridad los casos de falsos positivos en los que están siendo procesados varios soldados, a raíz de la liberación de 17 implicados en la desaparición y asesinato de varios jóvenes.

El juez cuarto penal municipal de Soacha, ordenó ayer la libertad de 17 militares implicados en la desaparición y asesinato de varios jóvenes que fueron presentados como rebeldes muertos en combate.

«El ministro de Defensa, Gabriel Silva, y el comandante General de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla, insisten en la necesidad del esclarecimiento de los hechos investigados y el castigo para quienes hayan cometido los delitos que se mencionan en el proceso», señaló un comunicado oficial.

Asimismo, exhortan a los organismos investigadores y a las autoridades judiciales a adelantar con celeridad los procesos y determinar las responsabilidades correspondientes.

El Ministerio de Defensa y el Comando General de las Fuerzas Militares reafirmaron la determinación de prestar «plena colaboración a la justicia en desarrollo de las investigaciones a que haya lugar para establecer la responsabilidad de los investigados».

Según el juez que dejó en libertad a los 17 militares, si bien la defensa de los uniformados recurrió a maniobras dilatorias, en realidad sí pasaron más de 90 días para el inicio del juicio de los miembros del Ejército colombiano.

A los 17 uniformados se les responsabiliza del asesinato de tres jóvenes oriundos de Soacha, una localidad conurbana con Bogotá, a quienes presentaron como abatidos en combate con grupos armados ilegales.

El pasado 30 de diciembre había recobrado la libertad, también por vencimiento de términos, el mayor Henry Mauricio Blanco, afectado en la misma causa.

La Fiscalía señaló que apelará la decisión e interpondrá un recurso de reposición.

En Colombia se conoce como «falsos positivos» la muerte de civiles, jóvenes y campesinos, principalmente, que posteriormente son presentados como miembros de grupos armados irregulares caídos en combate y por lo cual los militares recibían beneficios económicos y permisos especiales.

La Fiscalía colombiana ha admitido que investiga más de 1.200 casos relacionados con «falsos positivos».