La Defensoría del Pueblo solicitó a las autoridades venezolanas un informe sobre las investigaciones que se siguen por la muerte en circunstancias violentas de cerca de una veintena de colombianos en el territorio del vecino país, ocurridas en los últimos meses.

El Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, aseguró que no se conocen avances en las indagaciones sobre los responsables de estos asesinatos, labor que a su juicio corresponde a las autoridades venezolanas.

«Nosotros esperamos que los cuerpos de investigación del Estado venezolano adelanten muy rápidamente las investigaciones correspondientes, que se establezca el origen de esas muertes violentas y, del mismo modo, que se identifique a los responsables», dijo.

Además, señaló que en lo corrido de 2010 se han registrado dos muertes de colombianos en suelo venezolano, lo que empeora la situación de los ciudadanos que viven en áreas fronterizas.

La Defensoría del Pueblo denunció el pasado diciembre la muerte de un colombiano de 21 años de edad que se dedicaba al comercio ambulante en Tucupita, la capital del estado venezolano Delta Amacuro.

Otros 10 colombianos y un peruano fueron asesinados en la zona de frontera por parte de un grupo armado que no ha sido identificado.

Varios organismos de seguridad venezolanos localizaron el pasado agosto seis cadáveres en descomposición, de los que cinco eran colombianos, en el río La Acequias, del municipio Antonio José de Sucre, de Barinas.

Las autoridades colombianas señalaron entonces que las seis víctimas aparecieron sepultadas como «N.N.» en el cementerio tras ser asesinadas por asfixia mecánica, según los forenses.

Estos hechos se desencadenaron en el marco de la crisis diplomática y comercial que atraviesan las relaciones entre Colombia y Venezuela, a raíz del acuerdo militar por el que Estados Unidos puede utilizar al menos siete bases colombianas.